Tener la plata ociosa no es rentable. Invertir dinero en proyectos que no funcionan es peor, porque genera pérdidas. Pero cuando la inversión en esos proyectos se hace con recursos públicos el efecto es perverso, porque las pérdidas las pagan todos los ciudadanos.
Bueno, esto último ha pasado, al menos, en dos obras o proyectos del sector hidrocarburífero, aunque hay más casos. Los ejemplos más recientes -tal vez los más escandalosos por su magnitud- son la refinería del Pacífico y el proyecto Monteverde-Chorrillo, para almacenar gas en tierra.
En el primer caso, que ahora lleva el nombre de Refinería Manabí, el gobierno anterior ‘invirtió’ USD 1 500 millones. La obra arrancó sin estudios técnicos, debía entregarse hace cinco años y ahora tiene indicios de sobreprecio, es decir, alguien se llevó varios cientos de millones de dólares que salieron del bolsillo de la población.
En el otro caso, la obra sí se llevó a cabo, a un costo mayor que el estimado inicialmente. El proyecto Monteverde-Chorillo fue adjudicado sin licitación en USD 263 millones y terminó costando cerca de 600 millones. Fue inaugurado a mediados del 2014 y hoy opera al 12,5% de capacidad, según las autoridades de Hidrocarburos.
Ambos proyectos buscan ahora inversionistas privados para poder concretar la obra, en el caso de la refinería, o para utilizar toda su capacidad, en el caso de Monteverde.
Tener USD 1 500 millones hundidos en una refinería inexistente le hubiese costado el puesto a cualquier gerente de una empresa privada. En el caso de un funcionario público, la responsabilidad es mayor, porque de por medio están recursos de los ciudadanos. Por cada año que la obra no funcione, el lucro cesante puede ser de 75 millones, considerando una tasa de interés del 5%. En el caso de Monteverde, la subutilización equivale a construir un edificio de 10 pisos y ocupar apenas uno.
Pero en ambos casos, utilizar solo parte de una obra o no recuperar la inversión realizada en otra es como haber botado la plata.