16 de March de 2015 20:40

El Plan Familia Ecuador

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Isabel María Salazar

Se ha discutido en torno al nuevo programa hasta la saciedad. Sin embargo, poco se ha mencionado los derechos fundamentales que están en juego y que son esenciales en un sistema libre y democrático.

La participación de la familia en la educación de los hijos (incluida la educación sexual) es un deber-derecho irrenunciable consagrado en la Constitución del Ecuador en varios artículos: 26, 44, 67, 69, 347 y especialmente el 29, del cual se advierte que El Estado garantizará la libertad de enseñanza y, por lo tanto, las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

Luego de la decepción del programa anterior (Enipla) y el aumento de embarazos de niñas menores de 14 años, finalmente el Ejecutivo cae en cuenta que se estaba educando en torno a parámetros (pseudo valores) que además se extralimitaban por encima de la autoridad, conocimiento y consentimiento de los padres y madres de familia. Sin embargo, la permanencia del nuevo plan, que promete ser más integral, continuará supeditado al poder o autoridad política de turno.

La ética laica es una utopía. La máxima honestidad de un Estado laico consiste en respetar la voluntad de las familias y garantizar las condiciones para que se reconozca y se haga efectiva su elección en torno a la educación de los hijos. Es justamente aquí en donde entra en juego el derecho a la “Libertad de enseñanza” con medidas de acción afirmativa por parte del Estado. Un Estado auténticamente laico es subsidiario frente a la familia en materia educativa.

Hoy la sociedad entera, familias, instituciones sociales, movimientos ciudadanos, partidos políticos deben profundizar el debate y custodiar que se haga plenamente efectivo el art. 29, no solo para las familias que tienen posibilidad de pagar educación privada sino que debe exigirse este derecho -en igualdad de condiciones- para todas las familias sin excepción, incluidas aquellas que tienen a sus hijos en instituciones educativas fiscales.

Una política pública con perspectiva de familia es garantía de libertad, progreso y democracia.

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