Bernardo Acosta

El plan de gobierno de AP

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
11 de December de 2012 00:01

Los proyectos de ley propuestos por Alianza País que aún no han sido aprobados demuestran que el Gobierno pretende continuar atenazando a la sociedad mediante prohibiciones.

El Código Integral Penal prácticamente prohibirá la presunción de inocencia. El artículo perteneciente al enriquecimiento privado no justificado reza: “La persona que no siendo funcionario público incremente su patrimonio sin que pueda justificarse tal incremento con ingresos percibidos y declarados al Servicio de Rentas Internas por efecto del desempeño de una actividad no prohibida por la ley, será sancionado (...)”. Es decir, alguien que no sea burócrata y que reciba una obra de arte como regalo, y por lo tanto se enriquezca de manera lícita, ¿ya no será inocente?

La Ley de Comunicación no solo creará una entidad cuya función sea prohibir la difusión de los contenidos que esta determine, sino que hasta prohibirá la importación de publicidad, como establece el artículo 104 del proyecto: “Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras”. Resulta difícil no preguntarse qué pito toca el origen de la publicidad en una ley de comunicación y a quién se busca beneficiar con esta prohibición.

La Ley de Telecomunicaciones prohibirá derechos elementales y la participación extranjera: “Las personas naturales que sean concesionarias de canales o frecuencias de radiodifusión sonora o televisión abierta, deben ser ecuatorianas por nacimiento. Las personas jurídicas deben estar domiciliadas en el país y no podrán tener más del 25% de inversión extranjera”. O sea, un ecuatoriano que no haya nacido en el país no tendrá los mismos derechos que sus compatriotas. Por otra parte, la próxima vez que el Gobierno anuncie que está intentando atraer inversión extranjera no sería extraño que alguien se rasque la cabeza.

Un par de ejemplos más. Uno, las leyes de Tierras y de Aguas tendrán que concretar este precepto constitucional: “se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes”; de manera que el Yasuní no será el único al que le mochen parte de su terreno, como se evidenció en la última ronda petrolera. Dos, la reforma a la Ley de Inquilinato pretende prohibir que el canon de arrendamiento exceda el monto que fije la autoridad.

Las leyes que se expiden en este Gobierno no van solo con dedicatoria a los medios y los bancos, sino también al resto de supuestos verdugos que habitan esta tierra, como los propietarios de inmuebles. Así que si a alguien no le ha afectado la prohibición de irse de vacaciones este fin de año porque los chicos tienen colegio, o la de cantar “Y también porque España te amó” en el Himno a Quito, o la de traer más de dos celulares, solo debe sentarse a esperar su turno.