El Gobierno se ha consumido el 20% de su tiempo en el poder y los problemas económicos heredados están intactos o se han profundizado. El más crítico está en el campo fiscal, pero en el sector externo y en el productivo.
El plan económico, anunciado inicialmente para inicios de este mes, se postergó para finales de marzo, pero ahora se habla del 2 de abril. La demora se explica no solo por el cambio de Ministro de Finanzas sino por las diferencias en el Gobierno.
Una vez zanjadas esas diferencias, las autoridades económicas buscarán esta semana una retroalimentación con los sectores productivos.
El debate en el Gobierno se resume en el papel que jugará el Estado en la economía los próximos tres años. Unos quieren mantener el espíritu estatal de la última década, lo que implica mantener un gasto público que hoy ronda los USD 34 000 millones anuales. Otros quieren reducirlo drásticamente porque cuesta demasiado mantener al Estado. El punto medio es bajarlo paulatinamente hasta un punto que permita cumplir el Plan Toda una Vida, que reúne una serie de objetivos hasta el 2021.
El problema es la transición a la nueva realidad económica del país, pues el ajuste ofrecido no ha funcionado hasta ahora y el déficit fiscal, en lugar de bajar, ha aumentado. Y para cubrir ese déficit se sigue echando mano de la deuda y de más impuestos al sector privado, además de restricciones al comercio para cubrir la brecha en el sector externo.
Esto ha ocurrido en los 10 primeros meses del actual Gobierno y es probable que continúe. El plan económico despejará la duda sobre la política económica para los próximos tres años.
No será suficiente decir que se bajará el gasto corriente, que se optimizarán las recaudaciones de impuestos, que se aumentarán los aranceles o que se reperfilará la deuda pública. Se necesita un plan económico integral y medidas articuladas que generen confianza y que aseguren su cumplimiento. Caso contrario será más de lo mismo.