Además de ser una gran noticia, la firma de la paz en Colombia es una oportunidad en Ecuador para repensar las políticas estatales para los pobladores de la frontera norte.
Para el presidente Rafael Correa la pacificación implicará una reducción del 80% en el gasto que el Estado realiza en recursos humanos y financieros en la zona fronteriza, que asciende a USD 120 millones.
La semana pasada estuve en Sucumbíos. La crisis económica golpea todo nivel y se evidencia en Lago Agrio, donde los comercios, restaurantes, hoteles, se ven vacíos, con esporádicos clientes. La demanda, según me comentaron varias personas, se reduce a lo indispensable: alimentos, útiles de aseso, medicinas…
Es en este momento cuando el Gobierno debe aplicar su receta anticíclica para estimular la reactivación de la frontera. Especialmente en Sucumbíos y Orellana, que han sido muy afectadas por la crisis del sector petrolero, especialmente desde el año anterior cuando los precios internacionales del crudo se desplomaron.
Históricamente, los estados –colombiano y ecuatoriano- abandonaron las poblaciones fronterizas que también se articularon desde la década de los 80 a la economía de la hoja de coca en el Putumayo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), mientras en el 2008 el Putumayo tenía 9 658 hectáreas con hoja de coca, para el 2015 esa cifra subió a 20 068 hectáreas. En el 2 000, cuando se inició el Plan Colombia que buscaba la erradicación de cultivos ilícitos, habían 60 000 hectáreas.
La firma del acuerdo no aplacará el lucrativo negocio del narcotráfico. El espacio dejado por las FARC, que en su momento también se aliaron con las organizaciones delictivas de la droga, será ocupado por otros grupos.
Aunque ha hecho obras importantes en esta zona, el Gobierno no puede bajar la guardia: es indispensable un plan integral que aborde aspectos económicos, sociales y de seguridad. Eso requiere una inversión consistente.