Marco Arauz

‘Petroleaks’

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El Gobierno decidió desconectar ‘temporalmente’ a su asilado de larga data Julián Assange, para que dejara de hacer ataques informáticos a la candidata demócrata a la Presidencia de EE.UU.

No era la primera ocasión que el incómodo huésped de la Embajada en Londres hacía filtraciones, pero esta vez la Cancillería se acordó de que un asilado no puede actuar políticamente desde territorio nacional. ¿O se lo recordaron?Todo indica que el gobierno de Obama está dispuesto a tomar cualquier medida para impedir esas filtraciones y, en general, que el republicano Donald Trump acceda al poder. Este experto en acumular riqueza, valiéndose de resquicios tributarios ha mostrado que, además de sexista y prepotente, es tan irracional que puede poner al mundo en peligro, pese a contar con la simpatía de Putin. Ecuador ha tenido que alinearse.
Al menos el Gobierno ha abandonado el doble estándar para juzgar las filtraciones: eran magníficas si las hacía un héroe mundial de la ciberpiratería, pero ilegales casa adentro. Esa fue materia de un juicio contra un periodista, y la Senain tendió un cerco de hierro para proteger información que se le estaba escapando. Aun así, la data seguirá fluyendo, como sucedió con los ‘Panama papers’.

En este caso, la estrategia oficial fue, en primera instancia, aislar a los funcionarios que aparecieron en las listas o permitirles que justificaran sus ‘off shore’ y, en segunda instancia, usar parte de la información para apuntar el dedo contra empresas y empresarios, con el apoyo de la mal llamada prensa pública y valiéndose de bases de datos locales que difícilmente son accesibles a todos los medios.

De este operativo nació la iniciativa del famoso ‘pacto ético’ para impedir que quienes tengan firmas ‘off shore’ participen en elecciones, del cual no se ha vuelto a hablar desde que fue elogiado por la ex presidenta Cristina Fernández, una ‘autoridad ética’ en fondos públicos y paraísos fiscales, en el homenaje que, para vergüenza de muchos, le brindó la Presidenta de la Asamblea a nombre del país.

El siguiente capítulo causa más perplejidad: el Gobierno se adelantó a denunciar una red de corrupción alrededor de Petroecuador. El resultado es patético: ocho de los nueve procesados ya se fueron del país, y otros posibles implicados también están a buen recaudo. El único preso es Álex Bravo, ex funcionario de confianza de Carlos Pareja, a su vez ex persona de confianza del régimen.

El Gobierno incluso señaló los montos del perjuicio y dio detalles procesales. Ahora un legislador de AP acusa al Fiscal de no haber actuado a tiempo. Pero el entramado es endeble: ¿en qué momento y quién produjo la filtración? ¿Se obstruyó a la justicia? Si la explicación de ‘evento transitorio’ fue insuficiente para el apagón del jueves, para este caso lo es mucho más.

marauz@elcomercio.org