José Ayala Lasso

Agobiados por la corrupción

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La corrupción descubierta en los contratos suscritos en el ámbito de Petroecuador ha estremecido al Ecuador. No son pocos quienes la han calificado como la más escandalosa de nuestra historia.

La corrupción es un mal que existe en todas partes y no hay país que se encuentre libre de ella, dicen algunos que desearían echar humo para disminuir su gravedad. Los escándalos de Lula, Roussef, Pérez Molina, Kirchner, Maduro, Rajoy y más de dos decenas de jefes de estado que están en prisión o sometidos a juicios por corrupción descubren la amplitud del problema.

Montaner ha descrito el “triángulo delictivo” de la corrupción: políticos o funcionarios con facultad legal para otorgar contratos evitando el concurso público, empresarios que buscan caminos extra legales para ganar tales contratos y un intermediario que recibe la coima y la reparte.
Mientras más jugosos los contratos, mayores las tentaciones de caer en la corrupción.

La corrupción busca el beneficio personal o de grupo esquivando el derecho y burlándose de la moral. Convertida en lacra social, amenaza de muerte a la democracia y, en última instancia, a la sociedad en su conjunto. Es un cáncer que actúa a la sombra protectora de una tendencia a comprenderla, explicarla y disculparla por considerarla inevitable y posible en todas partes. No cabe ingenuamente equipararla a las falencias propias de la naturaleza humana porque tal criterio podría entenderse como una aceptación tácita de ella por ser algo “natural”.

Comprenderla en sus causas no implica justificarla ni volverla permisible. Sin equívoco alguno, los poderes públicos deben dar ejemplo de luchar contra ella. La impunidad la incentiva.

De mil maneras, desde los inicios autoritarios del actual gobierno, se le ha recordado que un elemento fundamental de la democracia es la división e independencia de los poderes, que un poder sin contrapesos se corrompe fácilmente, que el ejercicio de la ética exige la eficacia del control, más aún cuando las enormes sumas de dinero a disposición del Estado han multiplicado la codicia.

Sordo a esos planteamientos, el gobierno ha visto en ellos maniobras de una oposición empeñada en desestabilizarlo. Su paranoia le ha llevado a construir hipotéticos golpes de Estado, instrumentados inclusive por la desprestigiada CIA. Por otro lado, ha abusado irreflexivamente de los “estados de emergencia” para anular prácticamente los controles legales en la suscripción de contratos. Para avanzar rápido ha escogido senderos tortuosos: allí están los resultados.

Tanta es la corrupción de la que somos testigos que -obra maestra del cinismo- al tiempo en que se proclama luchar contra ella, se permite que los presuntos culpables puedan ponerse a buen recaudo. ¡Así pierde su careta el políticamente motivado pacto ético!