Miguel Rivadeneira

La pésima gestión pública

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20 de June de 2011 00:02

Resulta recurrente y casi un círculo vicioso hablar de los pésimos servicios públicos, salvo honrosas excepciones. El problema rebasa la enorme inversión pública y las reformas legales aprobadas. Si se evaluara un período de 4 años se perdería el año por la mala gestión y las tareas inconclusas. Solo cambiaron los actores, nueva infraestructura y en otros casos una mano de gato, pero sí discurso nuevo, acompañado de campañas mediáticas, que buscan impactar a la comunidad.

Si se va al SRI hay demora por la demanda de diferentes servicios, pero es un ejemplo de atención, ordenado, respetuoso, decente y se sale con el trámite resuelto. Sin embargo, si se va a renovar una licencia de conducir o una matrícula de vehículo, el asunto cambia. Solo quienes van a la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre saben que la atención es pésima. Si existe alguna duda, basta utilizar los servicios y consultar a quienes salen de esta dependencia, luego de varias horas o casi todo el día de perder el tiempo, en medio de la impotencia ciudadana.

Para la contratación y la compra de materiales son ágiles mientras que para mejorar el servicio, bien lentos. Se cae el sistema, colas en la calle (en la Agencia de la Cordero en Quito) y la pérdida de tiempo en forma infame, en medio de la desidia de las autoridades. No quieren ver la realidad por mantener a funcionarios que no han demostrado eficiencia. Se destacó la aprobación de la nueva ley hace tres años, luego se le acusó de ser la culpable del problema, finalmente el 2011 hicieron reformas, pero no mejora el servicio.

Qué decir de la salud pública. Mayor inversión, nuevos equipos, casi se triplica el acceso a las consultas, pero no hay manera de estabilizar el servicio. Pese a la promoción de la entrega de más recursos, escasean medicamentos y los procesos siguen lentos, sin calidez en la atención. Cómo se puede entender que se viva en permanente estado de excepción sanitaria “para evitar un colapso en sus servicios”, como repite el Decreto 795, del 9 de junio último. Incluso, por sobre la Constitución y la Ley de Seguridad Pública, que establece que este Estado tendrá una duración de 60 días y que puede renovarse por 30 días más y pare de contar. Resulta que ahora el estado de excepción es la regla normal.

No es posible que se siga jugando con la paciencia de los usuarios, que se sienten frustrados. Para mejorar estos servicios y para concienciar sobre la responsabilidad de los conductores de transporte particular y fundamentalmente del servicio público, en donde evidentemente hay fallas y atropellos que deben reconocerse, debieran servir las cadenas oficiales e incluso los medios de comunicación denominados públicos y también, por cierto, los medios privados con información útil y servicio a la comunidad.