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En el Perú hay un temor a Keiko

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Miles de peruanos se lanzaron a las calles de Lima y otras ciudades en protesta contra el probable triunfo en la segunda vuelta electoral de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por corrupción, homicidio y secuestro.

De ganar el ‘balotaje’ la candidata, como adelantan las últimas encuestas aunque reduciendo su ventaja, Perú tendría desde el 28 de julio el cuarto mandato presidencial fujimorista (1990-2000), un régimen signado por la violación de DD.HH. y el rompimiento institucional mediante un llamado autogolpe.

El 31 de mayo, y en otras dos ocasiones anteriores, multitudes de manifestantes en Lima y en las principales ciudades del país expresaron su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori, en protestas similares a las que afrontó como informal primera dama durante el proceso de reelección de su padre por tercera vez, en 2000.

Keiko Fujimori, de 41 años, disputa la jefatura de Estado con el banquero Pedro Pablo Kuczynski, de 77, primer ministro y ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

En los últimos sondeos, Fujimori mantiene una ligera ventaja sobre Kuczynski, lo que podría cambiar debido a crecientes denuncias de corrupción y otras irregularidades de la candidata de la derechista Fuerza Popular, que agrupa a los herederos de Alberto Fujimori, de 77 años y recluido desde 2007 en una cárcel acondicionada en un cuartel de la Policía Nacional, en el este de Lima.

“Para nosotros que hemos combatido el autoritarismo y la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, creemos que un triunfo de su hija Keiko Fujimori significará un retroceso de las conquistas democráticas”, dijo Salomón Lerner, exprimer ministro de Humala.

Entre los principales financistas de la candidata figuran antiguas autoridades del régimen de su padre o allegados a este, algunos involucrados en la actual investigación por lavado de activos durante su campaña de 2011.

En 2013, el Gobierno de Estados Unidos acusó a un contribuyente a la campaña de 2011, el empresario Luis Calle, de ser “capo del narcotráfico internacional” y de dirigir una organización de legitimación de capitales.

También en 2013, la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, denunció ante la fiscalía al congresista fujimorista Joaquín Ramírez de poseer bienes por más de USD 7,1 millones de origen sospechoso. Al año siguiente, Keiko Fujimori lo ungió como secretario general de Fuerza Popular.

Por sombras como las del narcotráfico, para el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, “un triunfo de Keiko Fujimori representa para la democracia peruana, a nivel simbólico, un ejercicio de masoquismo indigno de quienes ya sufrieron el crimen y el horror del gobierno de su padre”.