Farith Simon

Persecución a Rafael Correa

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En los próximas meses escucharemos repetir, hasta el cansancio, que Rafael Correa es víctima de persecución legal, de una ‘guerra jurídica’ (‘lawfare’). Él, al igual que Glas, Lula o Cristina Kirchner son ‘líderes progresistas’ perseguidos -dicen- por haberse enfrentado a las oligarquías, sacar de la pobreza a millones y hacer una gran obra pública.

El término ‘lawfare’ se usó inicialmente para describir la utilización del derecho como un instrumento de guerra internacional, poner ilegítimamente las reglas para obtener ventajas, inmovilizar, desacreditar. En algunos casos se la describe como instrumento de los poderosos contra los débiles (Israel contra Palestina) o de los débiles contra los poderosos (como Hamas contra Israel).

Posteriormente se amplió el uso de esta categoría al terreno de lo local; ahora se lo define como ‘el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial’. Algo que no parece tan obvio, pero únicamente se considera un instrumento del neoliberalismo; así, cualquier investigación, proceso judicial o sentencia contra quienes ejercieron el poder en países como Argentina, Brasil o Ecuador son puestos en duda, al tiempo de que todo juicio contra los opositores de gobiernos “progresistas” de Venezuela y Nicaragua, serían justos.

En el último año empieza la aparición de organizaciones privadas regionales, por ejemplo el “Lawfare Institute” de Brasil, que se describen como organizaciones preocupadas por el estado de derecho y los derechos humanos, pero los únicos casos que han tratado son de los ex gobernantes progresistas. Por ejemplo, ese Instituto el mes pasado, a partir del examen de oficio enviado por el Instituto Permanente de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (del cual Correa es presidente), comunicó con ‘satisfacción’ que considera que podría existir ‘… lawfare en contra de los miembros del movimiento político del cual el Ex Presidente Rafael Correa y el Ex Vicepresidente Jorge Glas son parte’. Es en este contexto, de una supuesta guerra jurídica, es que debe interpretarse la discusión sobre la inmunidad y el fuero de Rafael Correa en el caso Balda. Un debate a vivas luces absurdo, el ex Presidente tiene fuero de Corte Nacional pero no se necesita de autorización alguna para ser procesado, algo que se lee con absoluta claridad en el texto constitucional, pero afirmarlo sirve para confundir, hacer ruido.

La obligación del Estado ecuatoriano es asegurar que todos los procesos judiciales sean tramitados respetando rigurosamente el debido proceso, garantizando la actuación independiente de jueces y fiscales, esta es una obligación que de forma particular debe asumir el Consejo de la Judicatura de transición. Los derechos y garantías deben asegurarse a todas las personas, no importa quién sea el procesado, en eso estriba el valor de los derechos humanos, no hacer diferencia entre las personas.