15 de March de 2014 00:02

La persecución de López

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La violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela deja más de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad.

El Estado ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al Gobierno. La Fiscalía, a regañadientes -y gracias a los videos y la presión de la opinión pública-, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades.

Sin embargo, sigue avanzando con velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposición política.

Altas autoridades del Gobierno venezolano sostuvieron que Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, era el "autor intelectual" de la violencia, y la Fiscalía solicitó su detención, acusándolo de todo: violencia, disturbios, muertes y lesiones, y otro dirigente invocando teorías conspirativas en vez de presentar pruebas que los incriminen.

Al Gobierno le resulta relativamente fácil utilizar el sistema judicial como instrumento político desde que, el 2004 el chavismo depuró al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombró a jueces afines en el más alto tribunal, transformándolo en un apéndice del Poder Ejecutivo.

A través de la Comisión Judicial del TSJ nombra y remueve jueces inferiores provisorios y temporales -que hoy son la mayoría de los jueces en el país- la politización de la justicia se propagó al resto del Poder Judicial.

El 18 de febrero, López se entregó a las autoridades y desde entonces se encuentra detenido, en violación de los principios más elementales del debido proceso, en Ramo Verde, una prisión militar, en la cual solo tiene contacto con su familia cercana y sus abogados y solamente sale de su celda cuando es posible que tome aire sin tener contacto con otros presos.

Ante contundente evidencia que hizo pública el periódico venezolano Últimas Noticias, que sugería que uniformados junto con civiles armados eran los autores de una muerte ocurrida el 12 de febrero, la propia Fiscalía debió dar marcha atrás y eliminar los cargos por homicidio imputados inicialmente a López.

Sin embargo, López sigue sujeto a investigación por varios delitos, incluido el de asociación para delinquir, que tiene una pena de hasta 10 años.

Legalmente, podría permanecer detenido hasta 45 días, cuando la Fiscalía debería acusarlo, archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la práctica estos plazos no se respetan en Venezuela.

En un Estado de derecho, la libertad de López debería estar garantizada por que ni el gobierno ni la Fiscalía han presentado pruebas que lo vinculen a la comisión de un delito.

En un país sin independencia judicial, el futuro de Leopoldo López está en manos de una jueza que podría ser removida por un telegrama sin mediar ninguna explicación, como ha ocurrido en el pasado.

*Director Ejecutivo de la División
Américas de Human Rights Watch

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