León Roldós

¿Persecución?, ¿o qué?

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lroldos@elcomercio.org

Pólit se inicia con la Revolución Ciudadana por el acuerdo a que llega en enero del 2007 el partido de gobierno con el de Lucio Gutiérrez – al que estaba vinculado-.

Correa, con el argumento de facilitar los procesos de negociaciones y contratos, excluyó de la competencia de la Contraloría, dos espacios, uno el del pronunciamiento previo sobre lo jurídico y lo técnico de los contratos y otro el de auditoría de gestión. La Contraloría quedó limitada a ser una especie de anfiteatro de autopsias y sala de velación de la corrupción insepulta.

¿Pólit fue funcional? Hay casos concretos en que se levantaron glosas con indicios de responsabilidad penal que las utilizó Correa para difamar, aun cuando se suponían que eran reservadas hasta su procesamiento en la fiscalía; así como, para liberar o exculpar a quienes él proclamaba que eran inocentes.

Pero, Pólit también, multiplicó glosas e incluso “indicios de responsabilidad penal” en más de dos mil informes por miles de millones de dólares, de los cuales más de 1 200 informes no han tenido continuidad para su absolución o sanción.

En El Telégrafo de 15 de marzo del 2017, aparece que Pólit habría dicho “No es justo que a lo largo de 9 o 10 meses de un trabajo muy profundo –en cada auditoría- los informes con indicios de responsabilidad penal no tengan resultados rápidos y sobre todo contundentes” (…) “…en la campaña electoral –la de la votación de febrero del 2017- ha habido gente involucrada que tiene deudas millonarias con el Estado y otros que fueron señalados con indicios de responsabilidad penal”. Y agregó la imputación gravísima “…..yo me he dado cuenta que hay gente tras bastidores”.

¿Le preavisaron lo de la “concusión” que lo acusaría la Fiscalía?, parece que sí, por eso sería su viaje al exterior y el culebrón que está dejando por la subrogación en la Contraloría, que coloca en entredicho al subrogante reconocido por el gobierno, porque mañana cualquier inculpado, argumentará la nulidad de las actuaciones que se den.

Y lo grave es que si toca procesar a Glas o a ministros u otros altos funcionarios, por presunto peculado y enriquecimiento ilícito, por el Art. 481 del COIP, sólo es posible hacerlo previa incriminación del Contralor General del Estado.

¿Pólit tendrá el valor de renunciar, lo que no significa que se declare culpable, porque debe defenderse y acusar, exhibiendo los casos de glosas con indicios de responsabilidad penal, que en su momento presentó?
Entre el juicio político y el nuevo concurso podrían pasar cuatro meses. Esto podría hacer pensar en un tongo para no procesar a los que decidieron la corrupción, y solo quedarse en los subalternos. Silenciar las glosas con indicios de responsabilidad penal sería una cobardía.