Andrés Jaramillo

¡Permitan la fiscalización!

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La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional actual -y del anterior Régimen- acumulan una deuda con el país.
Sobre todo por el papel político que han tenido frente al mal manejo de recursos públicos de la última década y el cuestionado accionar de funcionarios y ex funcionarios de este y el anterior Gobierno.

Los casos que hasta ahora se han podido conocer han sido producto de los esfuerzos del periodismo de investigación. También del trabajo de otras instituciones del Estado como la Fiscalía y la Contraloría, aunque siempre en función de los cálculos e intereses políticos de cada una.
Los legisladores optaron por la pasividad, en lugar de una participación activa en investigaciones profundas que puedan enfrentar el sistema de corrupción.

Los pocos asambleístas que tuvieron la intención de hacer algo diferente fueron amenazados, presionados o expulsados de las filas de sus partidos.

Eso explica, aunque no justifica, que muchos hayan optado por el silencio en el pasado. Pero en la actualidad, cuando se pregona que existe un nuevo ambiente político, mayores libertades y la posibilidades de expresarse sin sanciones, ¿por qué se insiste en la pasividad, el cálculo político y los intereses personales?

Si verdaderamente existe el interés por cumplir con el mandato que les dio la ciudadanía, los legisladores deberían comenzar por derribar las barreras legales que impidieron en el pasado ejercer un control.

Por ejemplo, modificar esa práctica que se instaló en el Gobierno anterior para que los pedidos de información a los ministerios requieran de una aprobación previa del presidente de la Asamblea. Lo que se logró fue la burocratización de la Fiscalización.

Los asambleístas debieran tener la posibilidad de solicitar directamente la información sin necesidad de alertar al partido de gobierno sobre las investigaciones que pudieran involucrarlos y que respondan por sus actos.