Enrique Echeverría

Periodistas ausentes

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Merece elogios y gratitud la contribución de los ecuatorianos para paliar los efectos del sismo en la Costa ecuatoriana.

En 1949 cuando ocurrió uno parecido que destruyó parte de la ciudad de Ambato, hundió a Pelileo y causó daños graves a poblaciones del entorno, la ciudadanía reaccionó expresando su solidaridad con las víctimas; pero como la ayuda no es solo de palabras sino de financiamiento, el presidente Galo Plaza pronunció esta frase: señores, lloren sucres.


Esta ocasión, sin necesidad de petición, para la ciudadanía ecuatoriana, destacando a los quiteños y a su alcalde, Dr. Mauricio Rodas, no hizo falta pedido similar.
 Entre tanto asunto relevante, se destaca uno relacionado con la libertad de expresión y ejercicio del periodismo: a alguien se le ocurrió “invitar” a tres periodistas de Diario EL COMERCIO para “dialogar” sobre la investigación de los ‘Panama Papers’.

Los tres periodistas declinaron la invitación. Contar con ellos no se les ocurrió, ni de lejos, para la redacción de la Ley persecutoria de Comunicación.


Políticos adictos al Gobierno al extremo de la sumisión, pero bien enterados de la legislación olvidan que la Constitución de la República del Ecuador garantiza la cláusula de conciencia, el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan opiniones o laboren en cualquier actividad de comunicación (Art. 20); norma que consta en la misma línea de la Declaración Universal de Derechos del Hombre expedida por la Asamblea General de la ONU (Art. 19); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.2); en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13); en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. IV).


En lugar de concentrarse en investigar los ‘Panama Papers’ con ciertos funcionarios ahora prófugos, los acuciosos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, de manera disimulada pretenden hacerlo con los periodistas, quienes –como está demostrado- no cuentan con la simpatía del régimen.


Sería aconsejable que practiquen la línea señalada por el Dr. Raúl Vallejo, en el editorial de 9 de julio de 2005, cuando escribió respecto a la negativa equiparando la reserva de la fuente con los regímenes de reserva que protegen a otras profesiones como médicos o sacerdotes.

Añade: “Este caso (de la periodista Judith Miller, de The New York Times) … “de convertirse en una reiterada jurisprudencia puede socavar substancialmente un ejercicio profesional que requiere indagar, recibir y confrontar contenidos informativos que, sin esta protección, jamás llegarían a conocimiento del público que los necesita para su ejercicio democrático”.

Partidarios del Gobierno actual tienen acceso fácil a medios de comunicación de su misma línea: y cuando desean, simplemente se ordena cadena nacional.