19 de June de 2010 00:00

Periodismo en la mira

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Alberto Márquez

Guillermo Zuloaga, dueño de la televisora de noticias Globovisión, salió de Venezuela para eludir una orden de captura que un tribunal emitió poco después de que el presidente Hugo Chávez se quejó de que se lo juzgara en libertad, por delitos de opinión y comercio ilícito.

En menos de 10 días el periodismo en Venezuela encajó ataques con bombas molotov contra la Cadena Capriles, editora de tres populares diarios de la capital, la condena a casi cuatro años de cárcel de un periodista que criticó a un alcalde oficialista y la investigación a otros por fotografiar alimentos podridos en depósitos del gobierno.

El día 14 el gobierno intervino el Banco Federal, octavo del país, que confrontaba dificultades financieras desde hace meses y es propiedad de Nelson Mezerhane, socio de Zuloaga en Globovisión, de línea editorial opositora.

Zuloaga y Mezerhane declararon, por teléfono, que las medidas en su contra son una retaliación por la constante oposición de Globovisión y por su negativa a cambiar programas, despedir presentadores y disminuir la crítica en los noticiarios.

“Son medidas para estrangular a Globovisión, porque es la única televisora que queda crítica del gobierno para recoger nuestras protestas y los reclamos populares”, comentó a IPS el sindicalista Pedro Rondón.

La fiscal general Luisa Ortega declaró que Zuloaga y su hijo Guillermo Zuloaga Siso “están presuntamente incursos en los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento” en el comercio de vehículos.

En Venezuela no hay regulación de precios para automotores. Los Zuloaga debían presentarse ante la justicia cada jueves y no podían salir del país. Pero esa prohibición fue levantada en febrero, coincidiendo con el retiro del director de Globovisión, Alberto Ravell, un contumaz crítico del gobierno.

En marzo Zuloaga dijo ante la Sociedad Interamericana de Prensa en la isla holandesa de Aruba que el 11 de abril de 2002, cuando estaba en marcha un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, este “ordenó echarle plomo a una manifestación” de cientos de miles de opositores que pedían su renuncia.

Disparos de francotiradores segaron la vida de 19 manifestantes, partidarios y adversarios del gobierno, y dejaron decenas de heridos, pero nunca pudo establecerse una comisión de la verdad que fijase las responsabilidades del caso. Contra Zuloaga se abrió un segundo proceso, por presunto vilipendio al jefe del Estado, quien el 2 de junio dijo que el empresario “me acusó por ahí en un foro internacional de que yo había mandado matar a la gente el 11 de abril”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)