Solo en un entorno democrático se fortalecen las instituciones y se cumplen las necesidades materiales y espirituales de la gente.
Una de las condiciones básicas para la realización de los derechos humanos es el equilibrio y fluidez en las relaciones entre Estado y Sociedad Civil en un marco democrático. Se demanda de un Estado garante, fuerte e institucionalizado, interactuando con una sociedad organizada y consciente. Se requiere de un mercado controlado. En este ambiente florece la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas: las políticas públicas se concretan, son pertinentes, eficientes y sostenibles. La convivencia en paz se robustece. Mejora la calidad de la inversión y del gasto. La gente y el derecho se realizan.
Un Estado poderoso versus una sociedad débil genera y reproduce relaciones verticales, controladoras, paternalistas y un entorno autoritario en el que paulatinamente se restringen las libertades, la creatividad y la responsabilidad de las personas. Los ciudadanos pierden su condición de tales. El conformismo, la pasividad, la sumisión o el miedo se generalizan. Las políticas públicas fracasan, la ineficiencia se incrementa, los presupuestos no son suficientes. Los derechos topan un muro. El Estado ocupa todo el espacio. Se constituye en el único actor. Se autorreferencia. Su reproducción material e ideológica marca paulatinamente su agenda y acción. Se aleja de la sociedad. Los grandes objetivos sociales, nacionales y los DD.HH. a los que debería servir, se diluyen frente a los incontrolables requerimientos de su maquinaria y de los intereses de quién la maneja.
Un Estado débil frente una sociedad tumultuosa y descontrolada, sin consciencia ciudadana, propicia una situación de inestabilidad y desorden en la que las políticas públicas se diluyen dando paso a la improvisación, inestabilidad y caotización de las relaciones.
La debilidad de la institucionalidad democrática se traduce entonces en incumplimiento de las leyes, en la personalización del poder, la evaporación de la planificación, no asignación o discrecionalidad en la distribución de recursos, clientelismo, restricción de libertades y de canales de comunicación e información, inexistencia de espacios de rendición de cuentas y de denuncia, ausencia de mecanismos efectivos para sanción a funcionarios transgresores o inoperantes. Ambiente propicio para la corrupción, mesianismo, autoritarismo y miedo.
En los últimos diez años el Ecuador transitó de un Estado débil e inestable a un Estado con mayor protagonismo que concentra poder, particularmente en una de sus funciones, el Ejecutivo.
En esta década, de forma paulatina la organización y el tejido social se han debilitado junto al colapso de los partidos políticos.
Se vive el peor momento para la realización de los Derechos Humanos .