Manuel Terán

Pensar en grande

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29 de June de 2011 00:01

No cabe duda que eso es lo que requiere el país, definir objetivos a mediano y largo plazo y dirigir las tareas hacia su consecución. En ese propósito deben incluirse necesariamente grandes obras de infraestructura: autopistas, caminos, refinerías, proyectos de energía, transporte urbano y tantos otros que, a la vez, que ayuden al desarrollo económico, se traduzcan en mejor calidad de vida de la población. Nadie puede ponerse en contra, sino más bien apoyar e impulsar esos logros. Pero para ello hay que partir de la realidad y saber con qué dinero se cuenta, para no edificar un sueño que luego termine desmoronándose. Dicho esto surge la primera interrogante: ¿el Estado tiene los suficientes recursos para realizar estas inversiones a más de las otras necesidades urgentes que demandan atención? La salud, la educación, la seguridad por señalar tres tareas básicas están en una situación calamitosa y se requiere impulsarlas de manera decidida y efectiva. Eso significa que hay que canalizar cantidades de dinero para mejorar la calidad y gestión de esos servicios ¿Podrá una caja fiscal exigua atender todos los requerimientos?

Probablemente se lo puede hacer como ha sucedido en otras geografías, en las que los gobiernos han encontrado socios para llevar a cabo estas obras. No necesariamente de gobiernos que tengan la misma filosofía política, sino de inversionistas que deseen tomar el riesgo de esos emprendimientos. En cualquiera de los casos los proyectos deben contar con los estudios financieros adecuados, que demuestren que los créditos que se busquen en la banca de inversión podrán ser cancelados. En consecuencia, aparece la necesidad de tener un marco jurídico claro que brinde seguridad a quienes aportan los dineros en calidad de inversionistas o prestamistas. Las dudas surgen cuando las decisiones que se adoptan son salpicadas por los intereses políticos. Una medida que puede ser adecuada, como el cobro de peajes, es atacada cuando se está fuera de la administración para luego presentarla como la panacea. Resultado, cuando se remarcan las contradicciones, los administradores reculan perseguidos por sus declaraciones pasadas. Si esa falta de claridad persiste, no se crea la confianza suficiente y quedan en duda las fuentes de repago para el emprendimiento de proyectos.

Viendo lo anterior, se podría decir que estas obras podrán materializarse cuando sus gestores comulguen con la realidad y le hablen claro a la ciudadanía desde el inicio. Son proyectos caros que cuestan y que demandan el sacrificio de todos. No se puede crear la ilusión que se logrará todo desde el Estado omnipotente. Si se lo hace, más temprano que tarde, se corre el riesgo que termine derrumbándose como castillo de naipes. Solo hablando con la verdad y huyendo a la charlatanería, se puede formar una verdadera conciencia ciudadana que apoye proyectos con réditos futuros.