Washington Herrera

Pensar dos veces

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Cuando un gobernante toma decisiones importantes que impactan y afectan al comportamiento de una sociedad, debe pensar dos veces. Esto a propósito de la intención del gobierno ecuatoriano de dictar leyes urgentes que conllevan efectos indirectos y desencadenantes de consecuencias entrelazadas, a más de la afectación directa al patrimonio para redistribuir el capital, sin prever que, terrenalmente, “quienes tienen mucho nunca se olvidan de defender sus intereses”, como afirma el francés Thomas Piketty en su obra ‘El Capital del Siglo XXI’. Suponer otra actitud es ingenuo.

Este autor parte de un principio de la Declaración de Derechos del Hombre de 1789: ” Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común” y demuestra en base a estudios de tres siglos que “la recapitalización de los patrimonios procedentes del pasado es más rápida que el ritmo de crecimiento de la producción y de los salarios, lo cual amenaza a la democracia basada en los valores de la justicia social” y advierte que “el pasado devora el porvenir”.

Concluye Piketty que la solución es poner un impuesto progresivo al patrimonio, pero prevé el riesgo de que este impuesto pueda apagar el motor del crecimiento y que no sería eficaz si es aplicado por un Estado aisladamente sino en el contexto de una efectiva cooperación internacional y de un alto grado de integración política regional. Por esto, si la propuesta de los impuestos a la herencia y a la plusvalía se inspira en esta obra no han calibrado estas advertencias del propio autor.

Si bien la sociedad ecuatoriana está cada vez más consciente de que es imperativo disminuir las inequidades, los dueños del gran capital son todavía renuentes a aceptar imposiciones que signifiquen cercenamiento de su propiedad por solidaridad con los más pobres, tal vez porque la ecuatoriana es una sociedad que ha vivido 43 años de un regalo: el petróleo; que si bien ha servido, bien o mal, al mismo tiempo le ha adormecido al país, que no ha podido generar una dinámica autónoma y solidaria.

Ni el momento político que vive el país es propicio para pensar en un impuesto al patrimonio ni están dadas las condiciones para embarcarse en un debate abstracto e inútil -que más bien aumentará la incertidumbre y el nerviosismo económico- cuando lo que se precisa son acciones pragmáticas para contrarrestar las tendencias desequilibrantes de la macroeconomía ecuatoriana.

Como dijimos hace 15 días, en esta coyuntura, pragmáticamente, solo hay que legislar para combatir eficazmente la evasión tributaria de los herederos de cuantiosas fortunas y dejar en paz al resto de la población. Y en cuanto al impuesto a la plusvalía que se paga solo cuando hay una compraventa, es mejor obligar a que se aplique el concepto de la contribución anual por mejoras por parte de los gobiernos seccionales.

wherrera@elcomercio.org