José Ayala Lasso

A un pelo del caos

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En una equivocada aplicación de sus facultades orientadas a la protección de los derechos humanos, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana la aplicación de las medidas provisionales pedidas por tres ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana a cuyas funciones el pueblo ecuatoriano puso fin en la consulta del 4 de febrero.

La noticia estremeció al Ecuador, dadas sus posibles consecuencias. Al adquirir consciencia de la gravedad del asunto, el Presidente Moreno declaró que haría lo necesario para defender el pronunciamiento soberano del pueblo e impedir que el pedido de la Comisión, influenciado sin duda por consideraciones partidistas, viniera a sembrar caos en el proceso de democratización y fortalecimiento de las libertades, los derechos humanos y la norma del derecho en el Ecuador.

La Comisión, como parte del sistema interamericano de derechos humanos, no podía dejar de recibir el pedido de los tres ex vocales. Pero, bien porque no investigó adecuadamente el caso o porque las explicaciones iniciales del Ecuador no fueron suficientes, se equivocó de manera rotunda al elevar el asunto a la Corte, recomendando la adopción de medidas provisionales. No quiso adoptarlas directamente para evitar, quizás, toda controversia sobre su competencia para hacerlo.

El ex Presidente Correa y sus más empecinados y obsecuentes servidores batieron palmas y dijeron que “más temprano que tarde había prevalecido la justicia”. Olvidaron los ataques furibundos que, en el pasado reciente organizaron en el ámbito latinoamericano contra la Comisión, cuya sede exigieron cambiar, cuyo financiamiento desaprobaron y cuya competencia cuestionaron. Deben estar lamentando haber dicho esas palabras porque, en efecto, con el pronunciamiento inapelable de la Corte, la justicia y la razón prevalecieron. La decisión de la Corte fue anunciada antes de que la delegación del Ecuador se entrevistara con ella, detalle que demuestra, por un lado, cuan rápidamente la Corte llegó a la conclusión de que el pedido de la Comisión carecía de fundamento jurídico y base lógica y, además, que la Corte probablemente resolvió actuar con diligencia para evitar que alguien pudiera alegar que su decisión obedeció a presiones hechas por la delegación ecuatoriana.

Este penoso episodio ha servido para conferir mayor legitimidad a los resultados de la consulta y ha dejado malparada a la Comisión.

El Presidente Moreno debe extraer útiles conclusiones: los temas relativos a los derechos humanos prevalecen sobre consideraciones ideológicas o políticas, el principio de no intervención se subordina al de defensa supraconstitucional de los derechos humanos y, finalmente, el respeto al estado de derecho da buenos frutos.

jayala@elcomercio.org