Antes de convertirse en programa de televisión, el Gran Hermano era una maldición burocrática inventada por George Orwell en su novela 1984. El Gran Hermano todo lo mira y lo controla; acumula información y la maneja según su conveniencia.
Ahora, el Congreso de Colombia pretende convertir a Orwell en realidad. Circulan allí dos proyectos de ley que regulan la información pública y el acceso de los ciudadanos a ella. Los proyectos contienen algunas ventajas, como la obligación de las entidades oficiales de ofrecer “proactiva” y ordenadamente sus archivos. Pero crean una monstruosa Gran Hermana, una central de control informativo dependiente de la Procuraduría, que dirá cuándo los ciudadanos pueden acceder y cuándo no a los archivos oficiales.
La amenaza de esta Gran Hermana es tanto más lamentable cuanto la legislación colombiana en materia de acceso a documentos públicos constituye ejemplo democrático de tradición centenaria. La Ley 4a. de 1912 consagró que “todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos” del Estado. La Constitución de 1991 confirmó este principio en pocas y sabias palabras: “Todas las personas tienen el derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley” .
Esta filosofía reconoce que el pueblo es el soberano de la democracia, el que elige y sostiene a sus gobernantes y legisladores. Por eso tiene derecho a averiguar qué se hace con su dinero y cómo se comportan los funcionarios. Salvo casos excluidos por la Constitución o la ley (secretos de guerra o de relaciones internacionales, sumarios, intimidad tributaria, etc.), todo lo demás debe estar bajo su vigilancia.
Es, pues, una ley al servicio del ciudadano, de la que hacemos uso frecuente los periodistas. Yo no sé cuántos millones le ha ahorrado al país la oportuna revelación de chanchullos detectados en documentos públicos. Pero sin esta norma habría sido imposible que la prensa denunciara muchos escándalos.
Las manos quizás bien intencionadas pero torpes de sus proponentes borran con un golpe de tecla el amplio sistema de consulta de archivos públicos al crear esa Gran Hermana, cuyo criterio omnipotente reemplazará el de los ciudadanos y ejercerá un poder de censura casi soviético. Una de las armas que tendrá la Gran Hermana es la de decidir cuándo puede ser más peligroso publicar una información que prohibirla. Semejante opción dinamita el principio de publicidad documental y convierte a la nueva Procuraduría Delegada en profetisa insólita y caprichosa, capaz de calibrar futuros males y beneficios, sin entender que el supremo bien es la transparencia.
El Tiempo, Colombia, GDA