Manuel Terán

Patrioterismo

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25 de April de 2012 00:01

Nuevamente Latinoamérica ha hecho noticia cuando, con show mediático incluido, el gobierno argentino ha anunciado la nacionalización del porcentaje accionario que la empresa española Repsol mantenía en YPF. No sorprende que un gobierno apelando a un discurso supuestamente reivindicativo tome una decisión de esa naturaleza, menos aún cuando según diversos analistas hay de por medio más de una razón interna para hacerlo: dificultades por escándalos políticos; el supuesto hallazgo por confirmar de importantes reservas; y, la necesidad de detener el drenaje de divisas hacia el exterior atizado por la desconfianza en las cifras gubernamentales. Para nada asombra, si previamente ya se habían dado pasos que confirmaban la vocación de controlarlo todo como sucedió con la reversión del manejo de fondos previsionales. Llama la atención que una medida de ese tipo obtenga un importante respaldo de la población que, convencida por los anuncios oficiales, deja de lado el abuso y el quebrantamiento del orden jurídico con interpretaciones forzadas, lo cual configura una imagen del país austral que se asemeja al de repúblicas carentes de institucionalidad En una nación con una vasta clase media supuestamente informada, pero que ignora las características de un Estado moderno.

La tentación de creer que todo irá mejor con la administración estatal de esa riqueza puede convencer a cualquiera. Más aún si se ponen ejemplos de empresas públicas que supuestamente están haciendo un gran trabajo. Nada se dice de la calidad de gestión, que es muy diferente a lo que pintan reportes interesados. ¿Acaso existe transparencia sobre el manejo de las compañías del Asia que ahora participan en hidrocarburos? ¿No existen de tiempo en tiempo visos de corrupción en las compañías estatales?

También se destapan escándalos en el mundo privado. La diferencia está en que, en los países estructurados, los responsables de los ilícitos son juzgados y en más de una ocasión han terminado con sus huesos en la cárcel. Por el contrario, los administradores políticos se escudan en las redes de protección creadas por sus gobiernos, con lo que sus fechorías quedan en la impunidad. Tampoco se puede pensar que, a estas alturas de la historia, un cerrado grupo de compañías multinacionales pongan las condiciones al mercado petrolero. Eso sucedía hace 50 o más años. Hoy en día los contratos deben garantizar el respeto a las inversiones y el interés público. Los parámetros contractuales deben ser apropiados.

No se dice en estos casos que los operadores políticos, en teoría defensores de los intereses públicos, actúan sin un control. Tampoco se habla del manejo de contratos secundarios, que sirven para otorgar canonjías en perjuicio de las mayorías. El nacionalismo nuevamente sirve de excusa para confundir y empeorar la situación.