Marco Arauz

Patente para abusar

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18 de December de 2011 00:01

Pronto se sabrá si la visita del asesor presidencial Francisco Latorre al fiscal Antonio Gagliardo fue -como coincidieron en señalar los dos después de la conversación del viernes en Guayaquil- solo para hablar sobre la salud del legislador Gastón Gagliardo, hermano del funcionario.

Latorre es conocido como la mano derecha del presidente Rafael Correa; estuvo a su lado, por ejemplo, en los momentos más duros de aquel día que pronto no podremos llamar 30-S, si el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) accede, como parece, al pedido del Secretario de la Administración para que ese y otros términos de uso común (y ajeno) sean solamente de uso de la llamada revolución ciudadana, término también originalísimo y que por cierto debiera ser patentado.

Gagliardo es el fiscal de Guayas, y es casi el único miembro de la administración de Justicia nacional (el otro fue uno de los tres jueces de segunda instancia que discrepó con la sentencia del juez Juan Paredes) que hasta hoy no ha hecho mutis frente a la tesis gubernamental. Según ésta, el artículo escrito por el ex editor de opinión de El Universo contiene un delito por el cual tanto él como los directivos del diario deben ser castigados con tres años de prisión y una multa de USD 40 millones a favor del “ciudadano” Correa.

Gagliardo -que aspiraba a ser elegido Fiscal General- ha seguido minuciosamente la denuncia de El Universo, dirigida a probar que la sentencia de Paredes, favorable en todas sus partes a Correa, no fue redactada por él. Hay indicios que según los demandantes apuntan en esa vía, y resulta muy saludable que la agonizante justicia nacional dé aunque sea estas pequeñas muestras de independencia.

El legislador de oposición César Montúfar decidió denunciar que hay indicios de que quien escribió la sentencia en lugar del temporal y velocísimo juez Paredes fue el abogado presidencial Gutemberg Vera. Hasta ahora, frente a la serie de contradicciones y vacíos, lo único que se ha escuchado por parte de Paredes y de los Vera han sido descalificaciones y alegatos políticos.

Si bien las consecuencias en materia política, económica y de derechos humanos, de una sentencia a favor de la colosal demanda parecen preocupar solo a unos pocos, Gagliardo ha perseverado y prepara nuevas diligencias. Seguramente los miembros de la sala de la Corte Nacional de Justicia, que conocen el caso en tercera instancia, siguen con atención sus acciones.

Podría suceder, sin embargo, que se produzca una sentencia que aproveche el ambiente navideño y de fin de año, cuando la mayoría de la ciudadanía está más despreocupada que de costumbre sobre asuntos que supuestamente no la afectan. Y podría suceder, también, que Gagliardo bajara los brazos. De ser así, el Gobierno bien podría pedir al IEPI que patente para su uso exclusivo los términos poder y justicia.