Diego Araujo Sánchez

Patadas de ahogado

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La Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) fue blanco de furibundos ataques durante la década pasada. Rafael Correa la comparó con una empresa recolectora de basura; dijo de ella que “se había convertido en una comisaría de quinta categoría”; negó que tuviera competencia para dictar medidas cautelares, y llevó adelante una fallida campaña para cambiar la sede de la Comisión porque, según él, las influencias hegemónicas empezaban por ubicarse la CIDH en Washington, pero sobre todo por ser uno de los dos brazos del sistema de la despreciada OEA para la defensa de los derechos humanos. Correa dirigió contra la organización continental las más duras críticas; no obstante promovió para magistrado de la Corte Interamericana a quien fue presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, Patricio Pazmiño, fidelísimo funcionario del correísmo.

Semanas atrás, el expresidente acudió a la OEA para denunciar la supuesta inconstitucionalidad de la consulta popular. Sin embargo, cuando ejerció la presidencia había sentenciado que “la OEA era insalvable”; que “nació mal, ha vivido mal y será muy difícil enderezarla”.

Las incongruencias son una de las marcas de fábrica correísta. De la cabeza hacia abajo pueden decir que es de noche cuando brilla la luz del día; o defender la reelección presidencial por una sola vez y, a la vuelta de la esquina, promover la reelección indefinida; o atacar a la OEA y a la CIDH y, si les conviene, acudir a una y otra.

No llamó la atención, pues, que tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana interpusieran una acción de protección ante la CIDH, pero sí sorprendió la celeridad con la cual el organismo solicitó de la Corte medidas provisionales a favor de los funcionarios de marras y, más aún, la ligereza de pretender que el Estado se abstuviera de ejecutar la pregunta 3 de la consulta en la que triunfó también el Sí, es decir, que dejara de cumplir la voluntad popular que se pronunció de forma mayoritaria por reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana.

En realidad ese Consejo es una de las novelerías más ineficaces e incongruentes de la Constitución de Montecristi. No solo burocratizó la participación ciudadana, sino la aniquiló. Su falta de independencia y credibilidad se ve por los resultados. Para muestra basta el botón del contralor de la década correísta, elegido y reelegido con las mejores calificaciones y ahora prófugo de la justicia.

La Corte rechazó el pedido de las medidas provisionales. Las pretensiones correístas de utilizar el sistema interamericano de DD.HH. en beneficio de sus intereses de grupo ha mostrado así su verdadero carácter, el de precipitadas e incoherentes patadas de ahogado contra la mayoría ciudadana que se expresó en las urnas.