José Ayala Lasso

¿Qué pasó con la narcovalija?

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5 de January de 2013 00:00

Hace casi un año fue descubierto un contrabando de droga en la valija diplomática ecuatoriana enviada al Consulado en Milán.

Este escandaloso delito fue condenado por la opinión pública, que pidió una investigación exhaustiva. La Asociación de Diplomáticos en Servicio Pasivo y la Asociación de Diplomáticos de Carrera exigieron que se procediera con la máxima diligencia para aclarar este vergonzoso episodio.

La autoridades italianas que descubrieron el delito detuvieron a los presuntos culpables e iniciaron el respectivo juzgamiento.

Las investigaciones en el Ecuador pusieron en evidencia que, meses antes, la Cancillería había aprobado un reglamento que violaba las disposiciones del derecho internacional aplicables a la valija diplomática y establecía normas laxas para su uso. El nuevo reglamento probablemente no se hiciera para permitir el envío ilegal de drogas, pero “abrió las puertas” para que así pudiera ocurrir. Quien lo firmó como Ministro Encargado declaró no haberlo leído, confesando una inadmisible irresponsabilidad. La Contraloría emitió un informe en el que encontró razones suficientes para recomendar sanciones administrativas para tres funcionarios de la Cancillería. En noviembre, el Subsecretario de Asia, África y Oceanía renunció a su cargo. El Fiscal General declaró que el informe de la Contraloría sería incorporado a sus investigaciones y añadió que “es preferible que vayamos con pasos lentos pero seguros” en este proceso.

Ha pasado casi un año y, en el Ecuador, no se conocen siquiera los nombres de las personas que entregaron en la Cancillería los objetos en los que estaba oculta la droga. Aparte de lo dicho en el informe de la Contraloría, no se ha establecido ninguna responsabilidad en lo tocante a todo este tenebroso asunto.

La materia es tan grave y delicada que, a pesar de los indicios existentes, no cabe inculpar a nadie sino esperar que la justicia se pronuncie sobre el caso de la llamada narcovalija. Pero la lentitud de las investigaciones y el silencio oficial sobre el tema contribuyen a debilitar más aún la decreciente confianza en las instituciones de la justicia.

El perjuicio irrogado al prestigio de la diplomacia -bien ganado con décadas de preparación, estudio y apego a principios éticos- ha sido incalculable y suscitó la justa indignación de sus integrantes. El prestigio del país fue afectado. No cabe adoptar la cómoda posición de esperar que se olviden estos vergonzosos hechos. Es necesario saber qué ha logrado esclarecer la autoridad encargada de investigar.

El Canciller tiene el inexcusable deber de informar. Todo el país así lo exige. Ojalá no ocurra lo que él mismo parece haberlo anunciado cuando, hace meses, dijo que “estas cosas a veces no se saben sino después de 30 años”.