Farith Simon

El paso del tiempo

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11 de November de 2013 00:02

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió, en estos días, dos sentencias condenatorias en contra del Estado ecuatoriano, referidas a decisiones tomadas por el Congreso Nacional, durante el régimen de Lucio Gutiérrez, que significaron la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional (en ese período además se destituyó a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. 14 días bastaron a esa alianza política tomarse todas las instancias del Estado.

Las sentencias de la Corte hacen un recorrido por ese periodo de la vida del país, marcado por una grave inestabilidad política e identifica con claridad los actores políticos, y sus motivaciones, que afectaron a las víctimas directas (las personas removidas de sus cargos) y a la sociedad ecuatoriana en su conjunto.

No importa cuánto repita Lucio Gutiérrez que no tuvo responsabilidad en esas destituciones, no importa que el PRE (y los demás actores políticos que se sumaron o con su inacción contribuyeron a la decisión) defiendan su actuación, un recuento objetivo de los hechos evidencian las violaciones a los derechos humanos y la afectación a la democracia que significaron esas acciones. Como dice la Corte Interamericana: una "medida de cese masivo de jueces, particularmente de las Altas Cortes, constituye no sólo un atentado contra la independencia judicial, sino también contra el orden democrático".

Los acontecimientos políticos y las decisiones jurídicas tomadas, analizadas en las dos sentencias permiten entender, en parte, el éxito político de Rafael Correa y su revolución ciudadana; vivimos en un contexto totalmente diferente al de la inestabilidad política e institucional de años recientes: entre 1996 y el 2007 tuvimos siete presidentes, entre el 2007 y el 2013 uno.

Más allá de la reparación a las víctimas, estas decisiones deberían ser lectura obligatoria para entender el pasado, pero aún más importante, evaluar las acciones políticas actuales.

No puede perderse de vista que en la Constituyente del 2008, los asambleístas sin tener esa competencia destituyeron -entre otros- a los vocales del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, tomaron decisiones que en la práctica llevaron a la separación de quienes actuaban como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, e impidieron que todos los funcionarios removidos ejerzan cualquier forma de defensa, ante la propia Asamblea o ante cualquier otra autoridad.

Siempre se podrá argumentar que las motivaciones eran otras, que esas decisiones eran parte de la "refundación" del país, que todas estas medidas fueron ratificadas por el soberano, etc.; siendo entendibles no modifican lo sucedido, el paso del tiempo, como lo demuestran estas decisiones, permite juzgar acciones que en su momento se justifican, desde el poder, como legales, legítimas, correctas o justas.