Gonzalo Maldonado

País dividido

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15 de April de 2012 00:01

Durante los últimos días he participado en un par de debates sobre el proyecto de Ley de Comunicación en los que también han estado funcionarios del Estado y representantes de ciertas organizaciones sociales. Más allá de la pertinencia de los argumentos que cada uno de nosotros presentó para apoyar o criticar esa propuesta de ley, en ambas ocasiones me quedé con la sensación de que quienes acudimos a debatir, en realidad protagonizamos un diálogo de sordos. Por momentos, tuve incluso la impresión de que cada una de las partes hablábamos sobre temas diferentes, como si viviéramos en sociedades o países distintos.

Quienes estaban a favor de la Ley de Comunicación dijeron que esta propuesta legislativa haría florecer nuevas voces y puntos de vista en la sociedad ecuatoriana. Aseguraron, además, que esa ley mejoraría la calidad de los productos periodísticos que los distintos medios elaboran diariamente. No había una sola gota de cinismo en las aseveraciones de mis contertulios sino, más bien, un convencimiento sincero de que todo lo que decían era cierto.

Yo también creo que la sociedad ecuatoriana debe incentivar que más sectores sociales –artistas, comerciantes, mujeres, ancianos, etc.– tengan una voz fuerte en los asuntos nacionales y locales. Y también suscribo la tesis de que los productos periodísticos que se elaboran en el Ecuador deben mejorar constantemente.

Pero esto no quiere decir que todo el trabajo de la prensa independiente sea deleznable ni que, hasta ahora, todas las voces del Ecuador diverso y multifacético hayan sido deliberadamente acalladas. El país que veo es uno donde sí existen buenos medios de comunicación y una sociedad en la que sectores cada vez más diversos han hecho escuchar su voz (gracias también al espacio que les ha dado la prensa independiente).

Veo, por supuesto, que todavía queda mucho por hacer y entiendo que las tareas a desarrollar son complejas y no exentas de riesgos. Pero no veo de qué manera la Ley de Comunicación propuesta vaya a mejorar la calidad de los productos periodísticos, ni fomentar la diversidad de voces en el Ecuador.

Ese cuerpo legal no es más que un código de sanciones y penas redactado de forma tan laxa y ambigua que podrá prestarse para cualquier cosa (igual que la Constitución y tantas otras leyes escritas por este Régimen). Los sectores que apoyan la Ley de Comunicación con la esperanza de obtener una frecuencia radial podrían, más temprano que tarde, verse en la ingrata circunstancia de cerrar su medio porque el Gobierno de turno les impuso una multa equivalente al 10% de sus ventas anuales. Solo en ese momento se darán cuenta que auparon una dictadura, pero para entonces ya no habrá mucho que hacer.