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Desde el inicio de este largo periodo gubernamental, uno de los elementos de ataque ha sido el ahorro. Se lo considera como nocivo, de poco valor para la sociedad. Nadie defiende su existencia y peor su promoción. Por eso, cada vez que el Gobierno encuentra un nicho en el cual se acumulan fondos para algún propósito específico, no tarda en desarrollar la fórmula para su utilización. No importa si son recursos públicos o privados. Va atrás de ellos.
Los primeros fueron los fondos petroleros, construidos dentro de una política fiscal bastante equilibrada, de inicios de siglo, que hizo esfuerzos singulares para formarlos, pues no disponía de la abundancia que se vería en años posteriores. La previsión del actual Régimen no estaba en el radar, ni lo está ahora. Desaparecieron más de 1 500 millones cuyo destino fue el Presupuesto del Estado.
La RILD, manejada por el BCE, también entró en el proceso. Bajo el lema de apoyo a la producción se trajeron al país cerca de 3 000 millones que fueron a parar al BNF y la CFN y, en buena parte, sirvieron para comprar bonos. Además, por la misma época se entregaron al Gobierno más de 500 millones de la revalorización contable del oro, cuyo precio luego se desplomó y trajo pérdidas no recuperadas por el BCE, para más tarde obtener otra cifra similar que provino de una aportación especial del FMI al BCE para dotar de liquidez a la RILD, pero que termino también en las cuentas fiscales.
La distribución de los Fondos de Reserva acumulados en el IESS y que llegaron a cerca de 3 000 millones, también cayeron en la calificación de inútiles. Se los devolvió y ahora los trabajadores ya no disponen de esa reserva, cuyo valor radicaba en el respaldo de las necesidades de quienes llegaron a una etapa de vida con menor capacidad de generación de valor.
Los fondos creados por las administradoras privadas vieron el mismo final. Se ordenó su liquidación y de un acumulado que superó los 700 millones, solo quedan algo así como 150 millones.
Ahora, les tocó el turno a los fondos complementarios previsionales cuyo destino está marcado. Son mal vistos y el Gobierno induce a que los retiren quienes así lo deseen o que los tengan bajo su control directo.
Con el nuevo Código Monetario, cuyas disposiciones son tan amplias en favor de la acción del Gobierno, la CFN para la ejecución de sus planes crediticios (?) ya muestra interés por los recursos del Fondo de Liquidez del sistema financiero privado, que supera los 2 000
millones, mientras otros al saber que no se puede invertir en bonos del Estado, hablan de colocarlos en alguna institución multinacional a fin de que sirvan como garantía de un crédito externo en favor del Gobierno nacional.
¿Hasta dónde llevará esta política económica sin límite al gasto público?