Carlos Jaramillo

Otra página histórica

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Pocas horas antes de que emprenda viaje a Nueva York, el lunes último, para asistir a la LXXII Asamblea General de la ONU, primer desplazamiento al exterior desde que asumió sus funciones, el presidente Moreno anunció que el 2 de octubre dará a conocer las preguntas que planteará en la Consulta Popular, lo cual abre el proceso para que se haga realidad el anhelo del 74% de ciudadanos ecuatorianos, de que se cumpla ese evento.

Numerosas organizaciones expresaron de antemano su respaldo a la consulta e, inclusive, el miércoles último realizaron concentraciones masivas en diversas ciudades, en especial en esta capital, e hicieron llegar al Ejecutivo múltiples inquietudes de consenso, que demuestran el afán de cambios sustanciales, como la derogatoria de la reelección indefinida y de la Ley de Plusvalía; reforma de la Ley de Comunicación; reestructuración del cuestionado Consejo de Participación Ciudadana; la terminación anticipada de los períodos del Consejo Electoral, Contralor, Fiscal General, Presidentes del Consejo de la Judicatura y del IESS; que se exija la renuncia del Vicepresidente de la República; etc.

Mientras tanto, la dirigencia de Alianza País, que, paradójicamente, preside Lenín Moreno, condiciona su apoyo “siempre que no haya regresión de derechos ni desinstitucionalización del país” y, según dio a conocer el Presidente de la Asamblea Nacional, planteará entre ocho y diez preguntas “relacionadas con temas sociales, de producción y economía y reforma política”. Desde luego, no faltan unos cuantos inconformes que prefieren que se lleve a cabo una nueva Asamblea Constituyente, para la cual se candidatizaría Correa.

Al respecto, el “pelagato” José Hernández comentó en su medio digital: “No podía ser de otra manera: los funcionarios (puestos por Correa), los dirigentes del partido (puestos por Correa), los asambleístas (puestos por Correa) están de acuerdo con la consulta a condición de que no toque a Correa…”

El Primer Mandatario indicó también que hasta el próximo martes la ciudadanía y las diversas organizaciones podrán sugerir preguntas que, previa selección, serán sometidas a la consulta, ya que, por obvias razones, no podrán ser incluidas todas, lo cual, probablemente, ocasionará malestar en algunos sectores políticos y ciudadanos que se considerarán relegados.

Algunos juristas opinan que, según la normativa establecida, el pliego de preguntas que decida el Ejecutivo deberá ser sometido en primer lugar a consideración del Tribunal Constitucional, para que emita su dictamen, luego de lo cual el Presidente de la República deberá expedir el decreto mediante el cual disponga que el Consejo Electoral convoque y organice la consulta popular, que se estima podría efectuarse en enero del próximo año, siempre que no surja algún escollo.

Lo cierto es que está próxima una nueva y trascendental página de nuestra turbulenta Historia Patria.

cjaramillo@elcomercio.org