14 de July de 2010 00:00

Para Paco Velasco

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León Roldós Aguilera

He leído su informe sobre la reforma a la ley de Hidrocarburos, para segundo debate y le formulo algunas reflexiones.

Usted sabe que el proyecto viola, entre otros, los arts. del 313 al 316 de la Constitución. Copio el 316: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico.

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”.

La comisión legislativa ha introducido las supuestas causas de excepción a la norma constitucional, lo que no estuvo en el proyecto de ley urgente del Ejecutivo, pero -a pesar de la intencionalidad de la Comisión de que la excepción no sea la generalización- las mencionadas, que son monto de inversión y no tecnología en el mercado nacional, podrían justificar una asociación en empresas mixtas y no entregar a empresas privadas la exploración y explotación de hidrocarburos.

Eventualmente, podría admitirse autorizar a la empresa privada la exploración de alto riesgo, pero nunca la explotación ni otra fase del negocio petrolero, donde los riesgos son mínimos porque se vinculan con la gestión y no con que las expectativas fallen, de no haber petróleo. Otra violación constitucional. El nuevo art. 16 establece que la tarifa a pagarse a la empresa privada que explote hidrocarburos “se fijará contractualmente tomando en cuenta un estimado de la amortización de inversiones, los costos y gastos, y una utilidad razonable que tome en consideración el riesgo incurrido”, tarifa que en determinadas condiciones puede ser incrementada. Y aun cuando no se establezca una escala de indexación, la tarifa siempre será revisable a voluntad de las partes, en el caso del Estado la decisión será del Ministro sectorial (art.31 A). El mismo artículo establece que antes de fijarse la tarifa, el Estado se reservará el 25% de la producción bruta y sus costos de transporte y movilización.

No sean ingenuos, la empresa privada le pondrá valor a una y otra retención y las incluirá en “sus costos y gastos”, con lo cual lo que vale uno y otro rubro los terminará pagando el Estado. Además, al reducirse el Impuesto a la Renta del 44,4% al 25%, y cero regalías, solo este último 25% sobre utilidades netas, pagaría la empresa petrolera al Estado y no el 50% de los beneficios que se generen de la explotación, como lo manda el art.408 de la Constitución.

En la gestión petrolera del Ecuador, el actual Gobierno se ha movido entre la improvisación y la ignorancia de algunos, pero también por la pillería de otros, por eso le aportamos con las líneas anteriores y otras que le haré llegar.

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