Oswaldo Jarrín R.

Terrorismo y secuestro

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La sociedad ecuatoriana no puede superar su profunda consternación acompañada por la comunidad internacional que se solidariza con la tragedia nacional en la que se nos ha arrancado con crueldad a tres distinguidos profesionales de El COMERCIO y se ha ultrajado al vital derecho de información en un ambiente de violencia e inseguridad.

Es ser inconsciente cuando se desconoce la historia y no se aprende de los errores cometidos, como ocurrió en el caso del secuestro de los técnicos petroleros en Pompeya, Provincia de Sucumbíos. Cuando tras un largo secuestro extorsivo, que costó la vida a uno de los secuestrados, se pago el rescate a un comando armado de guerrilleros colombianos, pero jamás se conformo una Fuerza de Tarea Conjunta.

El caso actual que no deja de angustiarnos, transparentó a la amenaza hibrida del narcoterrorismo que con pertinaz motivación política y afán de profundizar la economía ilegal subterránea, se aprovecha de los vacios legales de nuestro Código Integral Penal, de los errores de la conducción política del Estado, de la descoordinación internacional y de los ensayos bisoños en la planificación de la seguridad.

Desde el atentado con coche bomba en San Lorenzo, se conoció que hubo una alerta a la población para evitar daños mayores a pesar de la gran detonación destructiva. Sin embargo el Código Orgánico Integral Penal, COIP, artículo 366, concibe como acto terrorista a la violencia, destrucción y el terror desplegado a la población. El artículo 161 en tanto lo califica de extorsivo, no por la demanda económica sino por los fines políticos.

Los dos artículos no diferencian un secuestro extorsivo de uno político como lo hace la ONU, cuando hay reivindicación política pasa de la naturaleza delincuencial a la “coacción” en las decisiones políticas del gobierno.

La conducción política es desconcertante porque inicia con un Estado de Excepción, oportuno, pero sin determinación de zonas de seguridad y sin nominación de una autoridad única que sea responsable de la gestión de la seguridad.

Se instala el COSEPE, y no se determina una estrategia general de acción, luego un Gabinete Binacional y luego una Comisión de Seguridad Fronteriza, que no funciono.

Posteriormente se nombra un Consejo de Asesores de Seguridad entregándole la responsabilidad de elaboración de un Plan de Inteligencia y Contrainteligencia y de un “Plan Nacional” de Defensa Fronteriza.

Es decir se prescinde por desconfianza del asesoramiento de los ministros de Defensa, Interior y Cancillería; mientras tanto se han cegado importantes vidas humanas y se han realizado atentados en áreas estratégicas.

El país se encuentra absorto de tener Fuerzas Armadas y Policía altamente profesionales que sin directrices eficaces diluyen sus esfuerzos y no disponen de un plan de contraterrorismo que proteja la soberanía nacional y de tranquilidad a la nación.