27 de May de 2010 00:00

Oro negro o ambientalismo

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Franz Chávez

El gobierno boliviano de Evo Morales se avino finalmente a negociar para evitar las protestas de los pueblos indígenas de la Amazonía y el Chaco, que amenazaron con marchas y bloqueos de caminos si no se protege sus tierras y se preserva el hábitat.

Un acuerdo de última hora frenó el comienzo de una marcha de más de 1.000 kilómetros de indígenas desde la norteña ciudad de Riberalta hasta La Paz, mientras delegados gubernamentales trataban de persuadir a guaraníes del sur de Bolivia a suspender un bloqueo de la carretera que conecta con Argentina.

Las comunidades originarias de esas zonas piden el amparo del gobierno de sus territorios, ricos en madera, agua, minerales y petróleo, en consonancia con la declaración de defensa de la Madre Tierra hecha por Morales en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, realizada hace justo un mes en Cochabamba.

Se trata de un momento crucial para el gobierno izquierdista de Morales. Por un lado recibe fuertes demandas para la conservación de los bosques, las fuentes de agua y las tierras comunitarias de origen, mientras los ingresos de la industria petrolera, que en el 2008 llegaron hasta USD1.464 millones, resultan fundamentales para el Estado.

"Es difícil explotar los recursos naturales sin causar daños ambientales” dijo Armengol Caballero, director del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción del Campesinado Región Norte. Caballero acusa a Morales de un doble discurso, aunque tampoco renuncia a la extracción de recursos naturales para no "dejarlos dormidos" bajo tierra, pero que generen ingresos para los pueblos indígenas.

El Coordinador Nacional de Comunicación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, Edwin Alvarado, sostuvo que "el gobierno impulsa un modelo extractivo con altos costos para la naturaleza, mientras intenta demostrar un proceso de cambio".

Una comisión ministerial y dirigentes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano realizaron una apresurada negociación y el gobierno prometió gestionar el saneamiento y delimitación de tierras originarias.

Morales anunció que impulsará una nueva ley forestal y dijo que quitará concesiones mineras y de explotación de bosques a empresas que operan al margen de las normas en vigencia.

El compromiso incluye la redacción de un reglamento de consulta a los pueblos indígenas antes de autorizar la construcción de carreteras, complejos hidroeléctricos y actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.

Se reitera que el gobierno boliviano respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos Indígenas.

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