Piruetas del ordenamiento territorial

El Gobierno tiene toda la razón sobre la necesidad de contrarrestar el desorden de los asentamientos humanos, de casas construidas sin bases sólidas y en cualquier sitio, como en los lugares de riesgos naturales, de ciudades que se esmeran en atentar a la estética con casas de todo modelo juntas, sin perspectiva urbanística ni las condiciones indispensables de infraestructura. Es indispensable poner orden en ese mundo de especulación y de tráfico de todo aprovechándose de la necesidad de tener vivienda.

La Ley de Ordenamiento Territorial, aprobada la semana pasada, sin embargo, junto a buenas intenciones aporta poco a las soluciones.

Fundamentalmente, debido a la superposición de todas las competencias y funciones de los niveles de gobierno en que se convirtió el diseño constitucional de los niveles de gobierno y la descentralización que así se vuelve centralista.
Pensé que la ley tendría mayores instrumentos para ordenar el espacio urbano, pero es ante todo piruetas –conceptuales y legales- para justificar la lógica centralista sin esclarecer lo que en realidad va a pasar sobre el ordenamiento. En efecto, se justifica que el Gobierno central tendría la “rectoría” para emitir normativas generales sobre este tema, y así disminuir las competencias de los otros niveles de gobierno que resultan ejecutores-adaptadores, para complementarse y no competir entre niveles.

Doble pirueta, el Gobierno central definirá las normas y las políticas al respecto, entre otros el Plan de Desarrollo Nacional al que se someten todos los gobiernos subnacionales, incluido el municipio que en principio tiene la competencia para definir el ordenamiento del uso del suelo. Y crea dos instancias burocráticas para poner orden, un Consejo Técnico, que definirá las normas, y una Superintendencia, que supervisará, controlará y sancionará su aplicación.

Con esto se multiplican las instancias de decisión, convirtiendo a los municipios en más postrados de lo que son y se retardarán las decisiones. Se crea la telaraña para la ineficacia que se quiere en principio promover. Si se multiplican burocracia y trámites hay más posibilidades de corrupción.

El Gobierno sigue con una mirada inmediatista al reenviar todo al Plan Nacional. Pero si mañana llega un gobierno de especuladores del suelo, que creen solo en el mercado, simplemente definirá un plan en consecuencia, obligatorio para todos.
La visión religiosa de que los buenos van a reinar y los malos eliminados con el agua bendita de las buenas intenciones en los preámbulos de la leyes y más control burocrático, es ignorar el pasado de América Latina. Así es la concepción misma de Estado y esta visión empobrecedora del poder local, que es el problema y que la nueva ley no resolverá.

jleon@elcomercio.org

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