Farith Simon

Oralidad judicial y vanidad

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No existe duda de que la oralidad, como sistema procesal, tiene ventajas significativas en comparación al sistema escrito. Cuando se lo lleva de manera correcta contribuye a mejorar la calidad de las decisiones judiciales y la transparencia de los procesos, disminuye la mala fe en la litigación, el forjamiento y tergiversación de la pruebas, la sorpresa procesal, el retardo tramposo de los juicios; se reduce el litigio “apostador”, pone en evidencia a los incompetentes, permite a los jueces asumir el rol de tercero imparcial, conductor del proceso, asegura la inmediación (es decir la comunicación parte-juez). Y, en el caso a caso, permite resolver con mayor celeridad las causas.

Pero también hay desventajas: las exigencias de la oralidad hacen que el litigio cueste más, los abogados de parte deben trabajar antes del juicio preparándolo, acumulando pruebas, entrevistando testigos, contratando a peritos; durante el juicio se debe movilizar a las partes a la audiencia, mantenerlos allí por horas, en ocasiones durante varios días; los profesionales del derecho únicamente pueden atender una causa en audiencia a la vez.

El Estado gasta más recursos en cada proceso, además de los obvios requerimientos de infraestructura que son inversiones de largo plazo; el personal judicial debe dedicar completa atención a cada causa en juicio, a diferencia del sistema escrito en el que se podía llevar en paralelo muchas causas. A largo plazo, las agendas de los jueces se llenan, sin importar la rapidez con la que se despachen las causas, pues existen límites insalvables (aumento de causas, horas laborables, instalaciones, número de jueces, capacidad de concentración). Por esto, los sistemas se saturan y se debe esperar para que se programen las audiencias.

La oralidad era un cambio necesario. Y, sin duda, las actuales autoridades pasarán a la historia por haberla establecida en todas las materias y temas. Pero preocupa que no se hayan tomado todo el tiempo necesario para una implantación adecuada.

Más allá del cambio normativo, estamos enfrentados a una transformación cultural. No se trata de reemplazar la palabra escrita por el habla en un juicio. Es una nueva forma de entender lo procesal, es la producción de información para la toma de decisiones, algo que no se alcanza con la comprensión de las normas procesales; para ello, se requiere un sistema adecuado de gestión de causas, el entrenamiento en el desarrollo de habilidades y técnicas muy precisas (y no se refiere a hablar bien) de todas las partes, modificación en la enseñanza del derecho.

Un cambio así requería de una mayor transición. Lamentablemente, se lo apuró. Esperemos que no sea por vanidad (ya saben, eso de pasar a la historia), pero al ser una medida necesaria todos debemos comprometernos desde cada uno de nuestros espacios a sacarla adelante, pero sin olvidar que los jueces requieren independencia para que un sistema de justicia sea considerado como tal: la oralidad no basta.

@farithsimon