18 de April de 2010 00:00

Oposición política

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Julio Echeverría

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En todo régimen democrático, la oposición juega un papel fundamental al canalizar la crítica a las acciones de gobierno.

Su importancia no solamente tiene que ver con el postulado de la legítima existencia de voces diferenciadas dentro de la vida democrática, sino que al hacerlo, permite construir un espacio de confrontación de enfoques, modelos, escenarios y opciones en la construcción de las decisiones que atañen al bien público.

En el método democrático, la deliberación entre posturas diferenciadas depura y perfecciona el proceso de toma de decisiones.

¿Está el actual gobierno preparado para ‘soportar’ la existencia de una oposición?

Y, a su vez, ¿existe una oposición que conciba su accionar como necesario para depurar y ‘subir de nivel’ el proceso decisional?

La realidad efectiva en la que se juega la política ecuatoriana parecería negarlo; por un lado el gobierno ve a la oposición como una amenaza a la cual no se le puede conceder ningún espacio; por otro, la oposición está atenta al menor traspié del gobierno para provocar su desestabilización.

Ambas posturas trabajan y contribuyen a debilitar la capacidad decisional que requiere una sociedad que es cada vez más diferenciada y compleja.

Ambas posturas apuestan a acumular poder en el enfrentamiento, a eliminar al otro, pero en esa lógica ambas pierden.

El diseño constitucional de Montecristi, al privilegiar la lógica de concentración de poder, desincentiva la configuración de un sistema político pluralista en el cual la relación gobierno-oposición pueda hacer del conflicto político un mecanismo de fortalecimiento de la capacidad decisional.

La importancia de las instituciones en los sistemas democráticos radica en que son dispositivos que “ahorran consenso” entre los actores políticos; un adecuado diseño institucional reduce el carácter degenerativo del conflicto y potencia la consecución de salidas políticas en las cuales el bien público se fortalece.

Ante la ausencia de estos elementos, los actores políticos asumen el proceso decisional como lógica de exclusión y negación del otro, provocando sistemáticos desgastes de legitimidad.

Una adecuada reconfiguración de las relaciones entre gobierno y oposición debería lograrse replanteando el acuerdo institucional básico que define las reglas de juego y que delimita el espacio de la confrontación.

Es en este ámbito, en el de la necesaria reforma constitucional, donde se juega la posibilidad de revertir y detener el actual proceso de sistemática erosión y debilitamiento de la capacidad decisional del sistema político.

Un desafío trascendente para los actores políticos tanto de gobierno como de oposición.

La reforma de la Constitución aparece como una opción que los actores políticos deberán empezar a plantearse.

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