Columnista Invitado

Enmendar errores

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Víctor Borja Terán

La tragedia de las provincias de Manabí y de Esmeraldas es una estupenda ocasión para que la Asamblea Nacional y el Gobierno enmienden los errores cometidos en los últimos 12 meses en materia laboral.

El 10 de abril del 2015, la Asamblea Nacional eliminó del Código del Trabajo el contrato de plazo fijo, sin razón válida alguna, y estableció que el contrato indefinido sería la modalidad típica de la contratación laboral estable en el Ecuador.

El Gobierno y sus asambleístas querían tener una herramienta para acallar las protestas del 1 de mayo que hacen los sectores sindicales aquí y en todo el mundo. Pero al amparo de caducos argumentos, que no tienen sustento en la realidad que gobierna las relaciones obrero-patronales en el Ecuador, se eliminó un tipo de convenio, utilizado recurrente y legítimamente por los trabajadores y los empleadores, que permitía generar una relación laboral indefinida pero solamente después de los primeros 12 meses de trabajo.

Igual es el caso de la reforma del 28 de marzo último, relativa a la jornada disminuida de hasta 30 horas semanales para evitar el desempleo, con requisitos de difícil cumplimiento. Se estableció, entre otros, que la reducción no solo debe ser acordada entre el empleador y sus trabajadores, sino también autorizada por la autoridad laboral luego de que el empresario demuestre las causas de fuerza mayor existentes, la disminución de sus ingresos o la verificación de sus pérdidas; y no puede extenderse más allá de seis meses renovables por una sola vez. Es decir, conforme la legislación vigente, reducir la jornada para evitar el despido es casi imposible.

Los graves efectos del terremoto exigen buscar que el mayor número de afectados retorne al trabajo productivo. Para este fin, es imperativo, al menos en los dos puntos anotados, reformar urgentemente el Código del Trabajo.

El contrato de plazo fijo debe reincorporase a la legislación laboral, porque una relación contractual indefinida desde el principio, como obliga la norma vigente, desmotiva el enganche de trabajadores. Igual es el caso de la jornada disminuida: deben eliminarse los requisitos que obstaculizan el acceso al trabajo de los damnificados por el terremoto y de muchos servidores en todo el país azotados por la desgracia unos, y por la crisis económica, otros. Basta el acuerdo entre el empleador y sus trabajadores. El trámite burocrático ante la autoridad, que no tiene plazo para resolver, debe eliminarse.

El Gobierno y la Asamblea Nacional deberían despojarse de ciertos prejuicios frente a los empresarios, enmendar errores evidentes, y conjuntamente con ellos, sus dirigentes y los trabajadores buscar las mejores herramientas para lograr el pleno empleo en el Ecuador.