Arturo Torres

Los veedores abandonados a su suerte

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La sentencia contra los veedores Pablo Chambers y Gerardo Portillo, que acaba de ser confirmada por la Corte Nacional de Justicia, es un duro golpe para la participación ciudadana.

Ambos fueron parte de la veeduría integrada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana por pedido del presidente Rafael Correa, tras divulgarse por la prensa en 2009 que empresas de su hermano, Fabricio, habían recibido millonarios contratos de su gobierno.

El Consejo, también conocido como quinto poder, fue creado por mandato de la Asamblea en el 2008. Entre sus tareas destacan impulsar la lucha anticorrupción, fomentar la participación ciudadana y nombrar importantes autoridades de control.

En el caso Gran Hermano, el Consejo apoyó a la veeduría hasta que terminó su informe concluyendo que Fabricio Correa había recibido USD 657 millones en contratos y subcontratos. En adelante, el organismo abandonó a los veedores a su suerte. Es más, ni siquiera publicó los resultados de la investigación en su portal web. Tampoco realizó un seguimiento de las conclusiones ni ha exigido que el Régimen cumpla las recomendaciones para enmendar procedimientos plagados de irregularidades.

Pese a que otras instituciones, como la Contraloría y la Procuraduría, coincidieron con los principales hallazgos de la veeduría, el Consejo institucionalmente solo respondió con el silencio. Ni siquiera reaccionó cuando el presidente Correa impulsó el juicio por falso testimonio contra los veedores.

El Consejo ha recibido duras críticas por su parcialización. Incluso, uno de sus vocales, David Rosero, declaró en varias oportunidades, mientras estuvo en funciones y luego de dejar el cargo, que el organismo es utilizado políticamente por el Régimen.

El desenlace del caso Gran Hermano no solo evidencia la debilidad y sumisión del Consejo de Participación, sino las limitaciones de una sociedad incapaz de exigir que esas autoridades rindan cuentas por sus actos.