Sebastián Mantilla

Plan Familia Ecuador

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Bastó un Decreto Ejecutivo para cambiarlo todo. El presidente Rafael Correa, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, decidió reemplazar la “Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla)” por el “Plan Familia Ecuador”.

Lo que antes fue una estrategia intersectorial e interinstitucional en la cual participaban los ministerios de Educación, de Salud Pública, de Inclusión Social y Coordinador de Desarrollo Social, ahora será una acción (plan) que dependerá directamente del Presidente de la República y de una de sus colaboradoras más cercanas, la doctora Mónica Hernández.

¿Cuál fue la razón de tan “inesperado” cambio? Para el presidente Correa, la estrategia anterior “privilegiaba la intervención del sistema de salud antes que la participación de la familia en la formación de los jóvenes en temas de educación sexual. El Enipla se basaba en el hedonismo más puro y más vacío: el placer por el placer. Ahora la estrategia se fundamenta en valores. Hay que educar a los padres”.

Sin embargo, esta postura presidencial, en lugar de responder a un enfoque más amplio, laico y progresista, en el cual el Estado es quien garantiza los derechos, es conservadora e identificada claramente con los postulados del Opus Dei.

No está mal que el presidente Correa evidencie su posición en torno a un tema como el embarazo adolescente. Lo que resulta polémico es que esta postura muy personal se quiera plasmar en un ámbito más amplio como es el del Estado, así como se ponga al frente del Plan Familia Ecuador a una persona que representa justamente esa visión de las cosas.

En un informe del 2014 de la ONU ya se ha manifestado algo al respecto. En una de las conclusiones se confirma que la “garantía constitucional del Estado Laico en el Ecuador presenta muchas debilidades”. El documento señala que “la incidencia cada vez mayor de grupos antiderechos en las decisiones presidenciales, en las que impera el moralismo religioso”.

En América Latina, más del 22% de las niñas experimentan relaciones sexuales antes de los 15 años. La tercera parte de los embarazos corresponde a menores de 18 años. Estas menores, de acuerdo a la Unicef, rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel adecuado de vida. El riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se duplica si se quedan embarazadas antes de los 15 años.

Las causas de estos embarazos no deseados son principalmente por violencia sexual, falta de información, pobreza y falta de oportunidades. El problema, entonces, no tiene nada que ver con el hedonismo del que habla Correa. Esto es mucho más complejo. El moralismo religioso se queda corto frente a todo lo que debería hacer el Estado, las instituciones y la sociedad para reducir el embarazo en adolescentes.

La restauración conservadora está en marcha. No es broma. Solo que está liderada por el propio presidente Rafael Correa.

smantilla@elcomercio.org