Rosendo Fraga

Crisis en Argentina

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La muerte del fiscal Nisman pone a la Argentina frente a una crisis sin antecedentes, al converger en ella la política exterior, el funcionamiento institucional y la situación política.

El mismo fin de semana que muriera el fiscal, en un lugar alejado respecto a la Argentina como los Altos del Golán en territorio sirio, un misil israelí dio muerte a cinco dirigentes de la organización terrorista islámica chiita Hezbolá. Uno de ellos, Jihad Mughniyah, es hijo menor de Imad Mughniyah, jefe de operaciones de dicha organización que fue requerido por la Argentina vía Interpol, acusado de haber participado en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, hasta que en febrero de 2008, fuera muerto en un atentado explosivo en la capital de Siria.

Si bien América Latina es la región del mundo menos involucrada en el conflicto en torno al terrorismo fundamentalista islámico, Argentina es el país latinoamericano que está más vinculado al mismo.

Es que en el cuarto de siglo que va desde la llegada de Menem al poder en 1989 y el fin del segundo mandato de Cristina Kirchner en 2015, el involucramiento de la Argentina en este conflicto ha sido una constante. La vinculación de Menem con Siria, la de la actual Presidenta con Irán, el hecho de que ambos países musulmanes hayan apoyado a Hezbolá son la clave de este involucramiento. Por esta razón, la crisis que ha generado la denuncia del fiscal Nisman sobre el encubrimiento de la participación de Irán en el atentado de la AMIA por parte de la Presidenta, el Canciller, un legislador oficialista y dos militantes del kirchnerismo -potenciada ahora por la muerte del Fiscal el día antes que fuera a declarar ante el Congreso-, es la de mayor envergadura que ha tenido la Argentina a partir de un hecho derivado de las relaciones internacionales.

Al tiempo, se trata de una crisis institucional que tiene lugar en el peor momento de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que se haya registrado desde el restablecimiento de la democracia en 1983.

Que el titular del Ejecutivo sea acusado por un fiscal que ha llevado durante una década la investigación de la causa AMIA de encubrir a Irán en su responsabilidad en un grave atentado terrorista en su propio territorio, y también de intentar crear pistas falsas, es un hecho de entidad institucional. Pero también lo es que el Fiscal haya muerto antes de informar al Congreso y después de haber dicho que su vida corría peligro, si bien será la justicia la que determine las características y el móvil del hecho, más allá que desde el Gobierno desde el primer momento se insinuó que se trató de un suicidio. También tiene alcance institucional que detrás de la última denuncia de Nisman se encuentre un conflicto sin precedente en los servicios de inteligencia, que hizo crisis el mes pasado cuando la Presidenta removió a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia y realizó una purga de agentes y funcionarios, entre los que estaban quienes habían investigado con Nisman la vinculación de Irán con el atentado de la AMIA.