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Al cierre del tercer trimestre de 2014, cuando comenzaba a declinar el precio del petróleo, el crédito del Banco Central al gobierno era de sólo USD 67 millones. Un año después llegaba a la considerable suma de USD 506 millones. En el cuarto trimestre 2015 el precio del petróleo se desfondó y desde entonces hasta abril pasado el fisco colocó al Central papeles de corto plazo en un promedio de USD 280 millones mensuales, hasta alcanzar USD 5 864 millones en abril.
El dinero fue a financiar el déficit fiscal. En respaldo el Fisco entregó papeles de corto plazo, conceptualmente muy líquidos, pero en la práctica imposible de convertir en dinero, debido a la crónica insuficiencia de recursos del gobierno central.
Con tanto préstamo al gobierno, los dueños del dinero: municipios, prefecturas, IESS, instituciones financieras públicas y banca privada en representación de sus depositantes, comenzaron a preocuparse por la disponibilidad de su dinero, de requerirlo. Los bancos privados requirieron a la autoridad revertir esta situación, y devolver el dinero al Central.
El gobierno entrante encontró un mecanismo para devolver la plata, al menos parcialmente. Pero el remedio es peor que la enfermedad. Para devolver USD 2 137 millones al Central y retirar Cetes por ese monto, entregó al Central las acciones de la CFN, BanEcuador y Conafips. Ahora el Banco Central se convierte en tenedor de acciones de la banca pública. Ese “pago” no soluciona nada, porque el Central no va a rematar los bancos públicos para recuperar su liquidez, ni tampoco se trata de acciones que se cotizan en bolsa. Es una medida contable que lo único para que sirve es para reducir el asiento de la deuda del gobierno al Central.
En descargo de las autoridades, se trata de un problema heredado. La solución es un reconocimiento tácito que el Fisco no le puede pagar al Central. Si reconocen que no pueden pagar, que la pretendida liquidez de los Cetes entregados es una ficción, entonces el gobierno debe abstenerse de seguir tomando dinero de la reserva monetaria para financiarse.
Este crédito del Central es parte de la deuda pública que no se contabiliza como deuda, como también son los USD 2 000 millones de atrasos con las compañías de servicios petroleros, cifra que acaba de revelar el Ministro de Hidrocarburos, las deudas con el IESS y sus similares de la Policía y las Fuerzas Armadas, y aquella con las petroleras y banca asiáticas garantizadas con crudo, que se contabilizan como ventas anticipadas de petróleo.
Las finanzas públicas requieren una reestructuración integral. El reperfilamiento de la deuda que anuncia el Presidente Moreno es algo positivo, debe hacerse, pero es sólo un paliativo. Es indispensable reducir drásticamente el gasto público. La voracidad fiscal está arrasando todo.