Oswaldo Jarrín R.

Auxiliares de policía

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La estrategia a dos puntas está llegando a su etapa final en la Secretaría de la Presidencia, oficialmente conocida como Asamblea Nacional, donde las enmiendas obtendrán los informes de mayoría en su paso hacia el Registro Oficial.

Astutamente, la preocupación por la seguridad ciudadana, ante la supuesta subutilización de las Fuerzas Armadas, pretende complementar sus misiones con la Policía Nacional, mediante una reforma de la Constitución, siendo en realidad un subterfugio para tener una Policía Militarizada (EL COMERCIO, 5 de junio de 2012). Se quiere que las Fuerzas Armadas controlen el orden público sin necesidad de un estado de excepción y decreto ejecutivo, ante la evidente perspectiva de violencia política.

El viciado proceso iniciado en el 2012 consistió en dinamitar maquinaria de la minería ilegal con medias precautelatorias otorgadas imprudentemente al Ejército, argumentando el Ministerio de Defensa la necesidad de evitar que “jueces corruptos les devuelvan las maquinarias”.

Vista la necesidad de una ley para esos procedimientos, se reforma la Ley de Seguridad Pública (Registro Oficial del 9 de junio de 2014), en la que dice que las “Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional”. Por consiguiente, el error de reformar la Constitución con una ley requiere de un nuevo mecanismo denominado “enmienda” a la Constitución pero con la misma intención de desnaturalizar a las FF.AA.

La otra punta de esta estrategia insidiosa e inconstitucional responde a la sagacidad del ahora “movimiento político AVC”. Otrora grupo armado insurgente, que en forma generalizada y sistemática aterrorizó a la población ecuatoriana para tomarse el poder por las armas, luchando contra las fuerzas del orden.

Lograron condecorar al cabecilla del AVC, gestionaron la construcción de monumentos memoriales en Quito y Guayaquil, incentivaron el Informe de la Verdad y se abanderan del proceso mal llamado de lesa humanidad ante un crimen calificado de Estado. En forma encubierta apoyan al Ejecutivo en el cantinflesco desbaratamiento de las FF.AA. por el cual quiebran la unidad institucional entre oficiales y tropa, entre militares activos y pasivos.

Se insulta a los altos mandos de las FF.AA., se recorta el número de conscriptos o soldados del Ejército, se suspende el Libro IV en la Asamblea, para que 7 500 efectivos pasen a ser guardabosques, bomberos, guías penitenciarios y aduaneros. Se mantiene sin protección aérea al país por compras cuestionadas de radares y helicópteros, eliminan empresas militares, condecoraciones, edecanes y autonomía del Issfa.
La complementariedad de las FF.AA. jamás facultará a un militar para realizar detenciones de ciudadanos; es decir, habrá uso de fuerza sin respaldo legal; serán auxiliares de policía, mientras no haya “otra reforma” a la Constitución.