Oswaldo Jarrín R.

Alto Mando presionado

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 123
Triste 1
Indiferente 3
Sorprendido 0
Contento 8

Con mucha razón un distinguido articulista de El Universo menciona que el Alto Mando Militar se encuentra presionado por parte del poder civil ante el riesgo que presupone un pronunciamiento sobre la crisis generada sobre el ISSFA, no obstante ser su responsabilidad; pero al mismo tiempo sufre presión del personal militar que al sentir que no se los defiende se puede interpretar como una traición.

El problema radica en que se ha hecho costumbre pensar que la seguridad social, como otros aspectos institucionales, es un asunto a ser tratado entre el gobierno y los militares.

Para el caso conviene reconocer que existen leyes especificas como la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP que en su artículo 129 dice que “se exceptúa a los miembros de las FFAA y Policía Nacional”, en materia de retiro (no jubilación), cesantía y pensiones que para el efecto deben regirse por un “régimen financiero especial”, coincidiendo con el artículo 370 de la Constitución.

Entonces el problema no se encuentra en la dicotomía Gobierno- FFAA, sino en la ausencia funcional del representante político, administrativo de las FFAA, como es el Ministro de Defensa, quien además de su responsabilidad en la gestión administrativa, es presidente del Consejo Directivo del ISSFA, en el que nunca asumió, ni acepto reunirse para este tema de seguridad social institucional.

La representación política administrativa del sector defensa, exige visión estratégica de largo plazo, que perciba los resultados y consecuencias de las decisiones que se tomen para la marcha institucional. Que tenga capacidad de despliegue de técnicas y habilidades para facilitar la organización, funcionamiento y ejecución de la misión de las FFAA, incluyendo el adecuado asesoramiento al Ejecutivo para lograr la eficacia institucional conforme prescribe la Constitución.

El Consejo Directivo del ISSFA, al igual que los Comandos Generales de Fuerza tienen facultad legal para incrementar los miembros y asesores que consideren, como constitucionalistas y actuarios indispensables para asesorar en la toma de decisiones que no puede realizarse aisladamente creyendo haber descubierto el “cisne negro”, y autoritariamente imponer una reforma legal al seguro social.

Se ha hecho costumbre culpar a los militares, en Angostura por el ataque colombiano, en el rescate del 30 de septiembre porque nadie ha dado la orden para el efecto, y en la devolución de los 41 millones por un sobreprecio en los terrenos de los Samanes aunque haya un error de buena fe del gobierno. Es incongruente buscar igualdad y equidad en sueldos, cesantía y retiros luego de anular la entrega de recursos del Estado al IESS e ISSFA porque audazmente se los suponía innecesarios. No hay institucionalidad sin respeto a la las leyes, estudios actuariales y al Directorio del ISSFA.