Oswaldo Jarrín R.

Anomia institucional

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La apatía y falta de participación social, anomalía que aparentemente es el producto del temor y la desconfianza de la población en las instituciones, se debe también a la divergencia entre el funcionamiento de leyes y el comportamiento arbitrario de instituciones que degradan la gobernabilidad.Esta ausencia de límites, de coherencia y de armonía, es calificada por Durkeim como anomia social o déficit funcional que se produce cuando las instituciones subyugadas a una autocracia deslegitiman a la institucionalidad.

Son claras las evidencias cuando se habla de recuperación de la capacidad “operativa militar” de las FF.AA. y se pretende cambiar sus roles y transformarles en Policía Militarizada, reduciendo en un 50% sus efectivos, sin confrontar capacidades y misiones en escenarios prospectivos.

La compra de renuncias obligatorias y “desvinculaciones” de las FF.AA., servirían para profesionalizar a los Guardias Forestales, Aduaneros. Se construyen con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 700 suites para estudiantes en Cuba y 570 soluciones habitacionales para la población cubana y se le pretende quitar una casa a la Conaie. Se condecora a exmiembros de grupos subversivos en el Palacio Legislativo y se construye un memorial en honor de actos terroristas, mientras se destruye el monumento a los Héroes del Cenepa. A mandos militares profesionales que defendieron el orden constituido y combatieron la subversión en defensa del Estado y la población se les procesa por lesa humanidad por el Plan Cóndor que nunca existió en el Ecuador .

La recuperación de la soberanía con la salida del FOL de la Base de Manta, se sustituye con insignificantes radares que nunca funcionaron y se tiene que capturar avionetas de narcotráfico en tierra. Se garantiza la autonomía del Issfa, siempre que se sujete a la Ley de Seguridad Universal y se integre al IESS, ya que: “Ninguna entidad por autónoma que sea, puede estar sobre la Constitución”.

Se ha recuperado el control político de las FF.AA., pero se trata de incorporarlas como actores claves de la Revolución ciudadana y en situación de crisis se deja el liderazgo político al Comandante Militar para el respaldo político a la democracia.

En el 30 de septiembre en que se afirma que existió un secuestro, se mantiene la seguridad presidencial, se realizan coordinaciones con los ministros, quienes afirman que no había secuestro, pero se dan disposiciones con tiempo límite para un rescate, que nadie asume la responsabilidad de la orden impartida.

Se presume golpe de Estado manteniendo bajo control político y subordinación a las FF.AA., mientras en la Policía Nacional se afirma que no había mando consolidado.

Práctica sui géneris del contrato social que por la extralimitación del poder político pone en duda a la ética política y al derecho constitucional.