Mario Osava

El periodismo y la crisis en Brasil

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En política, lo que vale es la versión, no el hecho, dijo el fallecido político Gustavo Capanema, ministro de Educación durante un período dictatorial de Brasil, hace más de siete décadas.

Otro dicho, la verdad es la primera víctima de la guerra, también se acerca a las contradictorias versiones sobre la crisis que vive Brasil, con Dilma Rousseff suspendida de sus funciones de presidenta desde el 12 de mayo, mientras responde a un juicio político ante el Senado, que puede durar seis meses.

Como en otras agudas disputas del poder, las discrepancias son desmesuradas, por ejemplo, en las cifras de los manifestantes callejeros. En la más masiva de las protestas contra la Presidenta, el 13 de marzo en la sureña ciudad de São Paulo, concurrieron 2,5 millones de personas según los organizadores, 1,4 millones según la Policía o 500 000 para el Instituto Datafolha, órgano de sondeos del diario Folha de São Paulo.

En las redes sociales y sitios digitales proliferaron falsas informaciones. Activistas armados en las protestas, sobornos de parlamentarios para rechazar el proceso de inhabilitación contra Rousseff, elecciones presidenciales inmediatas y encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) fueron parte de anuncios y alertas divulgados que resultaron inciertos.

El periodismo, arrastrado por el torrente, no quedó incólume. Los grandes medios fueron coautores del “golpe”, acusan los defensores de Rousseff, materializado en un juicio político cuyo probable desenlace será su condena por al menos dos tercios de los 81 senadores y, consecuentemente, su destitución.

“No veo un sesgo golpista, el proceso es constitucional, respeta los ritos, y la prensa lo cubre como entiende que debe hacer, dentro de su derecho a la libertad. Tampoco veo omisiones o exageración en la cobertura”, evaluó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Diarios, Ricardo Pedreira.

La Constitución brasileña es muy amplia en los “delitos de responsabilidad” que pueden justificar la destitución de mandatarios. Incluyen actos “que atenten contra” el Estado, la seguridad interna del país, la ley presupuestaria y la probidad administrativa, entre otras infracciones. Ello permite interpretaciones discrepantes, como la del “golpe parlamentario” con que el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados tratan de atenuar la derrota.

En la visión de Carlos Castilho, redactor jefe del Observatorio de Prensa, un portal multimedios independiente y un foro de opiniones analíticas sobre el periodismo, el Partido de los Trabajadores, que gobernó Brasil en los 13 últimos años, tenía “una hegemonía ilusoria, aparente”, ya que nunca controló el Parlamento, siquiera el Poder Ejecutivo, “ni la Policía Federal que se reorganizó de forma independiente, ni los medios”.