Marco Arauz

Gobierno y FF.AA., enemigos íntimos

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Otros gobiernos civiles lo intentaron, pero fue la Constitución de Montecristi la que estableció que las Fuerzas Armadas no son deliberantes ni garantes políticas. Esa lógica, que busca asegurar que los depositarios de las armas estén sometidos al poder civil, es buena para cualquier sociedad civilizada. Pero la obediencia debe tener como contraparte el respeto.

Me cuento entre quienes se han opuesto a que los militares dirimieran situaciones de orden político, penosamente en ocasiones por pedido de políticos. Una sociedad tutelada que se acostumbró a una fuerza militar que ha ocupado incluso espacios empresariales, mal podía resolver sus diferencias políticas dentro de un marco democrático.

En la etapa de mayor inestabilidad política tras el retorno a la democracia en 1979, un factor decisivo para un presidente era contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En la caída de Jamil Mahuad, por ejemplo, fue crucial la inconformidad militar tanto por la decisión de hacer cambios en la entidad tras la firma de la paz con el Perú, como por la situación económica interna.

Era de suponerse que el paulatino ajuste iba a traer roces y malestar, pero varios episodios de confrontación han tenido que ver con el modo en el que el actual Gobierno se ha relacionado con la institución. No se justifica la manera en que se ha querido enfrentar a la tropa con la oficialidad. O la confusión que existe entre comandar e imponer.

Respecto del capítulo más reciente, a propósito de la decisión de que el Issfa devuelva USD 41 millones a Ambiente por un supuesto sobreprecio en la venta de lotes, es evidente que el Gobierno decidió interrumpir un proceso contractual que tenía cláusulas de arbitraje y pasos judiciales a seguir bien definidos, en medio del silencio de la ex ministra Aguiñaga. ¿Por qué?

Se ha hablado de que se está creando una cortina de humo sobre la coyuntura, pero también se puede tratar de una demostración de fuerza y autoridad. El Alto Mando recién cesado ya creó incomodidad por la comparecencia en la Corte de Justicia cuando la Fiscalía iba a plantear a ex militares un juicio por crímenes de lesa humanidad. El espíritu de cuerpo salió a flote.

Otro capítulo tenso se produjo cuando el Gobierno planteó que 8 000 soldados pasaran a hacer otras tareas.

Los militares sienten que el poder político, sus ministros, no han estado preparados para atender los temas administrativos de la entidad, y que ha habido desplantes innecesarios. El poder político está convencido de que debe vigilar con lupa al poder militar. No se trata de una institución que, como en otras latitudes, juró lealtad a la revolución, como lo pretendió una Ministra.

La convivencia se vuelve más difícil sin obediencia ni respeto.