5 de julio de 2015 17:36

Las marchas y la ley

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Gustavo Chiriboga Castro

La Ley Orgánica del Servicio Público, cuyas disposiciones motivaron los actos del 30 de septiembre del 2010, porque contiene disposiciones que conculcaron los derechos obtenidos por las FF.AA., dispone en el Art. 24, literal e) la prohibición de “Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado”.

En el país se ha propiciado la división de sus habitantes en dos bandos: quienes respaldan al Gobierno y quienes de manera espontánea y voluntaria acuden a las marchas autoorganizadas por la sociedad hastiada de tanto atropello y desgobierno.

Los que se dice que son más, muchos más, son los servidores públicos de todas las provincias, a quienes se les obliga a participar en manifestaciones a favor del Gobierno y hasta a dar declaraciones a nombre del Régimen en contra de los que pedimos rectificaciones.

Se viola la ley, pero al Gobierno no le importa. Se divide al país e hipócritamente se invoca la unidad nacional con un diálogo. Ahora valen más la prepotencia, el capricho, el egocentrismo y la petulancia, que escuchar a las verdaderas mayorías.​

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