Marcelo Ortiz

La Corte y la reelección indefinida

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 45
Triste 2
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 19

Fue el 31 de octubre de 2014, hace poco más de un año, cuando la Corte Constitucional, aprobó un informe conducente para que el actual Presidente sea candidato el 2017, a pesar de que ya fue reelegido, lo cual haría imposible inscribir dicho nombre. Ante un hecho así y consumado, nada tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, organismo que deberá inscribirlo porque así lo ordenan desde las alturas del poder absoluto. Es otra violación más que quedará en el campo de la impunidad, ya que no hay instancia independiente que lo impida.

Lamentablemente, ese es el camino que seguimos como pueblo al que le cerraron la vía democrática, que constituye la consulta directa en asuntos de tanta trascendencia como efectuar “reformas constitucionales”. Y parecería increíble que haya sido la Corte Constitucional, ese organismo custodio, quien apresuradamente dictara una resolución calificándola de simples “enmiendas” en número de 16, con lo cual, ocultó o santificó para que sea la Asamblea Nacional, el organismo que procediera a difundir su contenido a nivel nacional; para que hasta fin de año, en votación aplastante sobre 100 sufragios, marque el paso triunfante a la reelección presidencial indefinida.

Se trata de una directa violación al texto sagrado, de otros tiempos, porque la respuesta es contundente: el único camino legal para hacerlo, en estricto derecho, es la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que discuta y apruebe a la luz pública, y sin puertas cerradas, ese cambio esencial situado en el nivel de la estructura misma del Estado ecuatoriano.

A diferencia, y en forma antidemocrática total, cuando el movimiento político Creo pidió al Consejo Nacional Electoral que le entregara formularios para recoger firmas de los ciudadanos que anhelan pronunciarse sobre un tema fundamental para vivir en efectiva democracia. Tanto la Corte Constitucional como el CNE se pronunciaron en términos contrarios, cerrando el camino para que sea una consulta popular, quien la determine. Y lo dijimos en otra oportunidad en esta columna, el 1 de abril-2015, que estas dos resoluciones confirman, una vez más, la sumisión que tienen al poder presidencial, ante un pronunciamiento adverso, cercano al 82%, según sondeos de la opinión pública.

Cerrado ese camino democrático y al faltar un año y medio para las elecciones presidenciales, las urnas están cerradas, mientras el correísmo desde el 2007, tiene la enorme ventaja de hacer campaña abierta para su reelección vitalicia, dificultando que otras candidaturas tengan espacios necesarios para practicar la democracia. Todo esto oculta una realidad: el pueblo vive un tiempo forzado que cubrirá tres años de silencio electoral, y aquella mayoría que alcanza más de un centenar de votos en la Asamblea solo podrá renovarse en elecciones en 2017. Sus integrantes actuales aseguraron ya el camino de una reelección consecutiva como la del correísmo. ¿La saturación de 9 años, les será adversa en las urnas?