Marcelo Ortiz

Crisis en el poder electoral

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Los votos ciudadanos, al depositarse en las urnas, requieren de un organismo de máxima credibilidad, que en el Ecuador siempre se llamó Tribunal Supremo Electoral cuando se practicaba la democracia pluripartidista. Al estilo venezolano, pasó a ser Consejo Nacional Electoral integrado por cinco personas de cercanía evidente con el poder presidencial absoluto. Hace pocos días, al salir dos miembros por cumplir tres años en funciones, debían ser reemplazados hasta completar cinco, y elegir de entre ellos al nuevo Presidente. Dicho Consejo convocará y proclamará al Presidente de la República el 2017. Ese cambio produjo fisuras, porque no logró mayoría absoluta, y al renunciar una vocal recientemente electa, advino la crisis.

En menos de ocho días, Juan Pablo Pozo fue elegido para ejercer la presidencia, y este es un mal comienzo de dicho poder electoral, porque se abre una etapa política crucial, tanto más que seguramente se perfila un elemento antidemocrático que es: la reelección vitalicia. En Twitter, Pozo dijo: “Emocionado por tanto afecto, dejaré mi vida en este reto, mi compromiso, ética, pasión y trabajo”. Aquel poder, ahora tiene un ente nuevo llamado Tribunal Contencioso Electoral, que no atiende estos problemas. ¿Será que ha entrado en crisis el llamado quinto poder del Estado?; porque Pablo Salazar fue elegido por días, también tenía vínculos directos con el correísmo. El coadyuvó a eliminar a dos partidos políticos, el PRE (Roldosista Ecuatoriano) liderado por el exiliado Abdalá Bucaram y el MPD (Movimiento Popular Democrático). Anuló millares de firmas para impedir una consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, y cerró cualquier posibilidad de convocatoria a otras consultas. ¿Tal vez se revela una oculta pugna en la cúspide del poder correísta?

Es conveniente conocer la historia del CNE. Fue en la Constitución de 1945, fruto de la honda crisis que vivió el país, cuando en 1935, fue sacado del poder Velasco Ibarra, al año de ejercer su primera presidencia. En ese texto se creó el Tribunal Superior Electoral, con siete vocales: uno designado por la Corte Suprema de Justicia de entre sus ministros, uno del Tribunal de Garantías Constitucionales, dos elegidos por el Congreso, y tres que representaran a los partidos de derecha, centro e izquierda. No tendrían remuneración. Al proclamarse Velasco dictador, convocó una Asamblea Constituyente que expidió la Constitución de 1946, y formó un Tribunal Supremo Electoral, con tres vocales del Congreso, dos por el Presidente de la República, y dos por la Corte Suprema de Justicia. La diferencia sustancial está en que Velasco suprimió la integración pluripartidista. La Constitución vigente considera cinco vocales de probada fidelidad al poder absoluto. Es denigrante la pugna surgida por ejercer la Presidencia, que además incluye la protesta legítima de una vocal. Esta confrontación disminuye, aún más, la credibilidad pública.