Terminado el tiempo en que el dinero fluía por una coyuntura exógena, los apuros aparecen para tratar de mantener un modelo sostenido en el gasto que sirvió, por momentos, para edificar la ilusión que habían quedado atrás los tiempos de limitaciones. Concluida la bonanza el Estado encuentra dificultades para cerrar sus cuentas, el dinero escasea, se retrasa el pago a sus proveedores y esto provoca un efecto en cadena que empieza a sentirse en todos los ámbitos. En la necesidad de encontrar recursos o buscar soluciones que mejoren las cuentas fiscales, se recurre a un argumento poco convincente. Se pretende desaparecer la obligación estatal hasta ahora contenida en la ley de aportar con el 40% de las pensiones que perciben los jubilados. Se menciona que la reforma propuesta no eliminará esta aportación, que será obligación del Estado contribuir para el pago de esas prestaciones, sin indicar el monto o porcentaje requerido. Lo que se olvida es que un fondo para pagar pensiones se construye en el tiempo, los recursos deben estar allí para ir formando la reserva necesaria para asegurar a los pensionistas, que no dependerán que año a año el Estado incluya una partida presupuestaria a fin que recibían el monto que les corresponda como jubilación.
Un sistema construido de esa forma puede ser definido de cualquier manera menos como la técnica lo indica de carácter “previsional”. Se lo quiere convertir en un mero instrumento de caja. Ingresa un determinado valor aportado por los trabajadores activos y se pagarán las prestaciones que se requieran. Hasta cuando alcancen esos recursos y, ante la falta de estos, el Estado, teóricamente, pondrá la diferencia. Cabe preguntar ¿con qué recursos? Y si en ese momento, cuando se requiera la contribución estatal, nos encontramos con una economía deteriorada ¿cómo se atenderán las obligaciones? ¿Alguien nos puede hablar de la situación de la economía de aquí a 5, 10, 15 años?
Diferente tratamiento se da a este tema en países que han aprendido que, en esta materia, es trascendental crear el ahorro necesario para atender en el futuro las obligaciones con la población retirada. Noruega creó un fondo de pensiones que supera los 600 000 millones de dólares. La capitalización de fondos en Chile bordea los 170 000 millones. Por ese mismo camino transitan Perú, Colombia y México, que han generado reservas importantes que, a la vez, son herramientas valiosas de apoyo a la inversión.
La única certeza que surge con medidas como las propuestas es que es imposible pensar en el mediano y largo plazos. Todo obedece a las coyunturas, en las que los cálculos políticos no están ausentes. Bajo esas premisas el desconcierto aparece cuando no es posible acertar sobre las políticas que se pueden poner en marcha en un escenario de escasez de recursos públicos. Lo impensable puede tomar forma si todo estaría sometido a las urgencias y prioridades que cualquier Gobierno de turno tenga en su agenda.