León Roldós

La locura del siglo XXI

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Realmente nada es nuevo, de todo hecho o decisión o acción o reacción se puede identificar similares en la historia universal, con variaciones de entornos y de tecnologías. Lo que sí preocupa es que la humanidad como que estaba avanzando hacia la garantía de derechos y libertades, en entornos de democracia, y la posibilidad de que, de darse su violación, se recurra a organismos internacionales no parcializados ni timoratos para precautelar su respeto o establecer responsabilidades de darse su quebrantamiento, que es lo que se está debilitando.

Verdad que el poder predominante debe ser el del poder público, pero con límites. Un avance que parece perdido en la historia, es la de la independencia de las funciones del Estado, la Ejecutiva, la Legislativa, la Judicial, la Electoral, la de los organismos de control, la Contraloría y las superintendencias. La división del poder público, con funciones de gestión y de control sometidas a una sola voluntad, es una grave afectación a los derechos y libertades.

¿Hay poderes fácticos de sectores económicos y medios de comunicación?.

Sí, gravísimos, cuando el poder público se les vincula. Fue el caso denunciado en los años setenta del siglo XX, por monseñor Arnulfo Romero, asesinado exarzobispo de El Salvador, quien cuestionaba a la prensa salvadoreña por estar al servicio de su gobierno criminal y represivo.

Entre otras frases, el año 1959, el Che Guevara, en Cuba, proclamó: “¡Esta es una revolución! la prueba judicial, detalle burgués arcaico -para juzgar y condenar- es innecesaria…”.
Parece que está imperando la frase en partes de América Latina y del mundo: no importa ni la verdad ni la prueba, sino el imperio de quienes asumen encarnar la revolución y sus entornos.

Verdad que la OEA por años fue el Ministerio de las Colonias, al servicio del gobierno yanqui, verdad que algunos gobernantes de la región eran groseramente identificados (el presidente Franklin Delano Roosevelt, refiriéndose a Anastasio Somoza, gobernante de Nicaragua: “es un hijo de p… pero es nuestro hijo de p…”), pero, en los últimos años, con Insulza, por su silencio y omisión para actuar, en relación a otros gobernantes de la región, nada bueno ha significado para la democracia.

El caso venezolano es patético, un país hundido en quiebra económica y moral, se radicaliza entre Unasur, que apoya a Maduro, validando así la represión, hasta el uso de armas letales -que pueden significar asesinar a manifestantes en contra- y las sanciones de Estados Unidos. Y se dice “esperemos que en las urnas se decida qué quiere Venezuela”.

Con reglas amañadas, con autoridades electorales serviles, nunca habrá elecciones libres; y, aun cuando las hubiera, ninguna mayoría puede justificar la represión y la persecución a quienes son minoría.

lroldos@elcomercio.org