Thalía Flores y Flores

La huella de los ‘vendepatrias’

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¡Cuánta doble moral, compañeritos!, solía repetir el expresidente Rafael Correa cuando descubría contradicciones de sus opositores. Convertidos en víctimas, los zahería de forma inmisericorde.

Desde su pedestal de gobernante, Correa utilizó las palabras como un arma; con ellas castigaba o legitimaba a las personas o instituciones, según le convenía.

Con ese ritual, abjuró de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que dijo era un “instrumento de dominación de Estados Unidos”, que no tenía salvación y debía desaparecer.

En foros internacionales, sugirió que la OEA fuese remplazada por Unasur (a la que le construyó un edificio de $43,5 millones, en la Mitad del Mundo). O por la Celac, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que excluye a EE.UU. y Canadá. “Como latinoamericano me rebelo que los problemas de Latinoamérica los vayamos a discutir en Washington”, decía. Y hasta amenazó con retirar al país de la organización, creada en 1948.

Quien pedía que la OEA actuara era vapuleado. “Vendepatrias”; “lacayos con espíritu de vasallos, que ni siquiera reparan en desprestigiar al país”, dijo a los opositores que, en diciembre del 2016, visitaron al secretario General, Luis Almagro, para solicitar la observación de las elecciones del 2017.

Pero el mundo es redondo. Casi siete meses después de haber perdido el poder. Y ante la convocatoria a consulta popular, para que el pueblo se exprese sobre temas sustantivos,
Correa pide la intervención de la OEA. Con su excanciller Ricardo Patiño denuncian una supuesta alteración del orden constitucional que afectaría gravemente el orden democrático y el estado de derecho. Y para “normalizar la situación”, piden se active la Carta Democrática.

Correa olvida que él mismo convocó una consulta mediante Decreto Ejecutivo, en el 2011, cuando le interesaba el pronunciamiento del pueblo en las urnas.

El secretario General ha respondido que la OEA entregará un informe técnico-jurídico sobre la situación institucional. ¿Acogerá el pedido? ¡Atentos!

Frente a la consulta popular, no hay duda que Correa tiene pánico. Por eso quiere echarla abajo. Como no pudo usar a la Corte Constitucional, hoy se aferra a la OEA.

La consulta del 4 de febrero del 2018 resolverá temas que marcarán una nueva era en la derruida institucionalidad del país. Los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción perderán sus derechos políticos y sus bienes. El Consejo de Participación Ciudadana no estará controlado por un solo movimiento y las autoridades que elijan tampoco. La Ley de Plusvalía será derogada. Y al eliminar la reelección indefinida Rafael Correa no podrá optar, nunca más, por la Presidencia de la República. Por eso, no le ha importado buscar el auxilio de la vilipendiada OEA, aunque eso supondría convertirse en uno de aquellos a los que llamaba ‘vendepatrias’.

Columnista invitada